El Fiscal Regional de la Araucanía, quien encabeza la causa que mantiene al vocero de la CAM Héctor Llaitul en prisión preventiva, devela las precariedades de trabajar en un caso de alta connotación pública. Relata las estrategias de las bandas que trafican con el robo de madera, drogas y armamento. «Hay casos donde se intercambia marihuana por municiones». Por Lenka Carvallo Giadrosic para La Segunda.
Roberto Garrido Bedwell (46) se crió en el barrio Las Higueras de Talcahuano, pero ya lleva dos décadas viviendo en la Araucanía. En Temuco nacieron sus dos hijas y ha desarrollado una vasta carrera profesional que partió como abogado asistente en la fiscalí de Purén y siguió en Loncoche, como persecutor, hasta el área de delitos sexuales de Temuco y la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción en Concepción.
Aunque fue a partir de 2017 que este abogado se volvió una figura frecuente en los medios, cuando asumió como coordinador de la unidad de Derechos Humanos de la Araucanía, iniciativa pionera en Chi- le en la investigación de abusos de poder y violencia institucional. Fue ese año que este egresado de la Universidad de Concepción, lideró uno de los casos que incomodaron al poder político y desencadena- ron una profunda crisis en Carabineros: la “Operación Huracán”, la fraudulenta investigación policial realizada bajo la Ley de Inteligencia, que condujo a la detención de ocho comuneros mapuche por una supuesta asociación terrorista, mediante falseamiento de instrumento público, obstrucción a la investigación y asociación ilícita, que terminó con la salida del general Gonzalo Blu, director de inteligencia de la policía uniformada y, más tarde, del general director Bruno Villalobos.
En 2018 estuvo al frente de las investigaciones por el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca (tras un operativo de Carabineros) y que terminó con la salida de otro general director, Hermes Soto.
Hoy, desde su rol como fiscal regional de la Araucanía (cargo que asumió el 1 de junio de 2021), Garrido volvió al foco público tras la intempestiva detención del líder mapuche y vocero de la CAM, Héctor Llaitul, formalizado por usurpación violenta de predios, hurto de madera y atentado a la autoridad a través dos querellas por la Ley de Seguridad del Estado (LSE). La detención de Llaitul, en un restorán en Cañete, cuando sólo faltaban 48 horas para el plebiscito del 4 de septiembre, se prestó para una serie de interpretaciones políticas.
“Mire, no he tenido oportunidad de hacerlo presente y quiero aprovechar esta entrevista para defenderme. Dijeron que habíamos hecho el procedimiento (la detención) justo antes del plebiscito con la intención de influir en el resultado. Quizá esto no se sabe, pero cuando se actúa bajo la LSE, sólo estamos facultados para investigar en el marco de esa querella y la última había sido en 2020. Solo cuando el Gobierno decidió ampliar este recurso, tuvimos las herramientas para incluir nuevos hechos y avanzar más rápido”. Irónico, Garrido añade: “O sea, tengo claro que la Fiscalía cumple un rol importante, pero no creo que el resultado de una elección dependa de nosotros. Al revés: ¿qué habría sucedido si es que no hubiésemos hecho nada hasta después del 4 de septiembre? Entonces sí habríamos tomado una decisión política, lo cual no nos correspondía. Por supuesto que le informé de mi postura a Jorge Abbott (exfiscal Nacional, quien dejó este mes su cargo) de actuar cuando tuviéramos los antecedentes y así fue; no podía condicionarme a lo que pu- dieran pensar ciertos sectores políticos”.
“Una gran dependencia de las autoridades de Santiago”
El fiscal regional de la Araucanía, con un magíster en Derecho Público (U. Autónoma de Chile) y diplomado en Derechos Humanos (U. de Chile), prefiere no entrar en los detalles de la carpeta investigativa de Héctor Llaitul. Esto, luego de la investigación paralela solicitada por el propio Abbott para aclarar las filtraciones del registro de conversaciones telefónicas del líder de la CAM y que en su momento determinaron la salida de Jeannette Vega del Ministerio de Desarrollo Social. El 4 de octubre, el fiscal César Schibar, a cargo del caso, solicitó ampliar el plazo inicial de 30 días para efectuar nuevas diligencias.
Claro que desde una perspectiva macro, en esta entrevista Garrido da cuenta del contexto, el perfil y las complejidades de investigar a los grupos radicalizados en la Araucanía.
“Se comete el error de creer que la CAM es todo; son distintas organizaciones que actúan de manera independiente, en territorios diferentes, lo que representa una de las dificultades para investigar este fenómeno. La CAM es la que está más extendida territorialmente; actúan a través de sus Organismos de Resistencia Territorial (ORT), o subgrupos con una misma ideología y un líder visible (Llaitul). Los otros grupos persiguen objetivos similares, como la WAM, que es más violenta, con ataques a personas y algunos de sus integrantes están vinculados a delitos comunes, lo que no se ve tanto en la CAM”.
Junto con Resistencia Mapuche Malleco y Liberación Nacional Mapuche, son los que tienen mayor presencia en la Araucanía. Aunque también hay otros que actúan en Los Ríos, Los Lagos y en la provincia de Arauco. “En el 2002 o 2003 los delitos eran por arrojar piedras, utilizar bolea- doras. Pero ahora hemos encontrado fusiles y municiones de guerra. Los conflictos no solo han ido empeorando, sino que además se han profundizado”, añade.
—¿Cuál es su explicación para este recrudecimiento?
—Existe una demanda por reconocimiento asociada a la recuperación territorial y de una cierta autonomía, pero que no ha sido verdaderamente acogida por las autoridades políticas. Esa es la realidad. Y en este planteamiento hay algunos que optan por la vía violenta. Pienso que, en la medida que no exista una canalización a través de las vías institucionales de esas aspiraciones, no disminuirá la situación de tensión ni la violencia.
—Aunque una cosa son las reivindicaciones territoriales y otra el robo de madera o producción y tráfico de drogas.
—Es que están relacionados; cuando el Estado es expulsado y empieza a desaparecer del territorio, se abre el espacio para el crimen organizado. Es lo mismo que pasa en algunas poblaciones de Santiago. En nuestro caso, el abandono ha facilitado que hayan entrado personas que, valiéndose de esta situación, desarrollen este tipo de “empresas”. Aunque también hemos detectado a miembros de las propias organizaciones mapuche vinculadas con delitos de producción y tráfico.
—Llaitul utilizaba la venta de madera robada para comprar “fierros y tiros”. Al parecer una causa sirve a la otra.
—También. Él mismo lo reconoció en un medio de comunicación. Pero es más complejo que eso, porque también hemos encontrado casos donde se intercambia marihuana por municiones. Se trata de una realidad muy vasta. Lo mismo vemos en el robo de vehículos; a veces estos se utilizan en los atentados como barricadas o simplemente se desarman y se venden por partes o piezas. El escenario es mucho más complejo de lo que se cree.
—Decía que los conflictos territoriales se han profundizado porque las demandas no han sido acogidas por las autoridades. Uno de los esfuerzos del pasado proceso constituyente fue el reconocimiento a los PP.OO. Sin embargo, la propuesta fue ampliamente rechazada en su región.
—Es interesante, a lo mejor tampoco era la solución. Creo que los convencionales tenían muy buenas intenciones, hicieron su mejor esfuerzo, pero era tan amplio el espectro que se intentó abarcar, que las personas podían estar de acuerdo con una parte pero no con otras y no pudieron evaluarlo adecuadamente. Ahora la discusión constitucional seguirá por un tiempo importante, pero la de- manda por la solución del conflicto de la Araucanía debe ser abordada antes. No se justifica más dilación. Cada vez que tengo oportunidad, pregunto: ¿cuál es el plan para la Araucanía, para avanzar hacia una convivencia? Es evidente que hay personas que tienen reclamaciones territoriales, pero también hay otras que llevan más de 100 años viviendo acá. Los europeos no volverán a sus países. Tenemos que encontrar puntos en común y trabajar juntos. Una señora de Collipulli me dijo: ‘esta región tiene tantos problemas pero hay tanto amor en su corazón’. Me gustaría que un poco de ese amor sirviera para solucionar este conflicto. Yo sería el más contento de que bajaran los hechos de violencia rural; tendría menos trabajo y podría preocuparme de otras problemáticas, como la corrupción, o la violencia de género. Pero debemos destinar el 25% de nuestros recursos sólo a perseguir esos casos y no tenemos mu- cho (presupuesto). Hay una desproporción.
—¿Cuál sería concretamente la solución, según usted?
—Falta una mirada regional; hay mucho centralismo y una gran dependencia de las autoridades en Santiago. Ese es uno de los vicios que explica por qué esta situación se ha mantenido durante tanto tiempo. Hay muchas propuestas y opiniones que vienen desde el poder central sin conocer la realidad. Hay que darle una oportunidad a la visión regional.
“Tampoco contamos con medios”
A medida que la conversación avanza, el fiscal regional ahonda en la dramática situación que experimentan en su día a día.
“El Gobierno debería analizar los recursos con que cuentan las policías y el propio Ministerio Público para enfrentar las complejidades en la investigación de es- tos delitos. Que lo evalúen con seriedad para dotar a las regiones de equipos policiales y periciales permanentes, que tengan el mismo nivel de los que existen a nivel central. Es urgente contar con equipos de fiscales y policiales preferentes, idealmente exclusivos. También tecnología de primer nivel para realizar ciertas pericias con la premura necesaria que nos permita perseguir a las organizaciones criminales. En el caso de Héctor Llaitul, armamos un equipo entre personas que cumplen otras labores y las destinamos por algunas semanas a trabajar en la preparación de la formalización. Luego, dejamos a una persona a cargo de revisar lo que va ocurriendo en el día a día. Eso no sólo atenta contra la rapidez y la eficiencia, sino que también afecta a otras causas que deben ser detenidas.
—Como el refrán: desvisten un santo para vestir a otro.
—Justamente, eso es lo que tenemos que hacer permanentemente. Pero no somos sólo nosotros, se trata de una realidad nacional.
Agobiado, añade: “Tampoco contamos con medios tan fundamentales como equipos forenses que permitan desbloquear teléfonos para extraer la información y vincularlos. Tenemos uno solo para toda la macrozona, entonces hay que hacer fila y esperar a que se desocupe para poder utilizarlo. Lo mismo pasa con los softwares, que tienen diferente vida útil según cada una de las versiones, ya sea básica o premium, por así decir. Nosotros disponemos del más simple, que sirve para desbloquear teléfonos de hasta cierto año de fabricación, pero no para los más nuevos. Las personas que cometen delitos no se encariñan con sus “ladrillos” sino que los cambian constante- mente por unos cada vez más nuevos. Así de grave es esto.