El subsecretario del Interior defiende el reconocimiento de los Pueblos Originarios en la futura carta fundamental. Cuenta su historia como primera generación con estudios superiores de su familia y declara: “La Constitución debe estar abierta a mejorar y perfeccionarse».
Por Lenka Carvallo Giadrosic
Las decenas de micrófonos apostados en el Patio de Los Naranjos dan cuenta de otro día agitado en La Moneda. Los conflictos de seguridad pública —el frente principal del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve— no dan tregua. Al momento de esta entrevista, por ejemplo, y tras una ola de críticas, el Gobierno finalmente anunciaba la ampliación de dos querellas contra el líder de la CAM, Héctor Llaitul.
Eso mientras que en Santiago la noticia de tres personas acuchilladas en la Alameda, la muerte de la dueña de un minimarket de un disparo en el cuello, así como la balacera en plena autopista Vespucio Norte, entre otros delitos violentos, expanden la percepción de una creciente ola delictual.
“Los delitos no han aumentado su presencia recién ahora. Hace 10 años que los homicidios llevan un aumento en la tasa de 2,6 por cada 100 mil habitantes, a cerca de 5,7 por cada 100 mil. Sí hemos visto más delitos violentos, muchos vinculados al crimen organizado. Buena parte de los homicidios que se cometen con armas de fuego se relacionan con disputas territoriales”, señala Monsalve.
En cuanto al temido cartel Tren de Aragua, el subsecretario viajará esta noche a la región de Arica y Parinacota luego de las amenazas de atentar contra carabineros del paso fronterizo de Cerro Chuño. Si bien esto luego fue descartado por la fiscalía local (se apuntó que la organización criminal está desarticulada) Monsalve estará durante todo el miércoles en Arica para constituir el Consejo Regional Contra el Crimen Organizado y firmar un convenio con el Ministerio Público para fortalecer sus capacidades en materia de persecución penal.
“Me he reunido con los jefes de inteligencia de la PDI y de Carabineros y me han reafirmado que no existe evidencia de una amenaza concreta como la que se ha dado a conocer. A pesar de eso, hemos tomado medidas para prevenir y resguardar la seguridad de la población y de Carabineros. Hay crimen organizado en Arica y frente a esto, las instituciones han reaccionado con capacidad y fortaleza. De hecho, otra organización denominada ‘Los Gallegos’ tiene hoy a sus 13 integrantes en la cárcel”.
El subsecretario del Interior y hombre fuerte del PS —de los pocos que aún viste traje y corbata en La Moneda— parece estar tranquilo. Recién cumplirá cinco meses en el cargo, los mismos que lleva viviendo en Santiago luego de pasarse una vida entre su natal Biobío y Valparaíso, donde fue parlamentario por su región por 16 años, los que llegaron a su fin en marzo pasado.
“Me propusieron varias veces venirme a Santiago pero me resistí. Esta es la primera vez que me desempeño laboralmente acá”.
Médico cirujano de la U. de Concepción, Monsalve es (junto con su hermana mayor, enfermera de la misma casa de estudios) la primera generación de su familia con estudios superiores. Todo un logro para un hombre criado en la zona carbonífera de Coronel. “Mis papás eran funcionarios administrativos del Servicio de Salud. Él murió cuando yo era muy pequeño y mi mamá se hizo cargo de nosotros en un momento muy difícil. Ella insistió en que dejara mi escuela al terminar séptimo básico e hiciera octavo en un programa piloto en el liceo de Coronel, con los mejores alumnos de las distintas escuelas”.
Una comuna pobre, con una historia marcada por la extracción del carbón, “con un sindicalismo fuerte y marcado por la dictadura”, describe.
A su casa llegaron figuras como Hortensia Bussi y José Tohá. “Mi papá era socialista y estuvo muy involucrado en la campaña de Salvador Allende. Creo que eso determinó mi camino a la política. Mi papá no lo habría creído, pero cuando fui electo me tocó ser compañero de banco de Carolina Tohá. Luego me hice muy amigo de Maya Fernández, hasta hoy”.
Manuel Monsalve comenzó a ejercer su profesión en la comuna de Los Álamos, provincia de Arauco. “Era muy pequeñita, de las más pobres de la región, con un 12% de población mapuche”. Luego fue nombrado por la entonces ministra de Salud de Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, como director del Servicio de Salud de la provincia de Arauco. Una zona con un 90% de población indígena, radicada en su mayoría en Tirúa, Contulmo y Cañete.
Su tarea fue construir los hospitales de Curanilahue y Cañete, éste último como el primer establecimiento intercultural. “Fue un tremendo aprendizaje sobre la cultura mapuche. El hospital hubo que hacerlo como un semicírculo, porque la vida de este pueblo está marcada por la salida del sol, de ahí que las camas debían estar todas orientadas hacia el amanecer”, cuenta.
—¿Qué pasaba entonces con los conflictos en la zona?
—Siempre han estado presentes pero con características bien distintas. Los primeros atentados incendiarios vienen en 1997 y luego se retoman con el gobierno de Ricardo Lagos, entre el 2000 y 2006. Pero el cambio más sustancial en cómo viven las personas el conflicto, saliéndonos del análisis político o ideológico, tiene que ver con el miedo. Antes, a pesar de la tensión, nadie sentía que su vida corría peligro y se desplazaban con seguridad. Hoy esa garantía no existe; las personas que deben ir a diario a trabajar o a la escuela, quienes se desplazan de una comuna a otra, temen ver amenazada su vida o su integridad física.
—El miedo que se ha vuelto permanente.
—Muchos chilenos viven hoy con miedo. Es una emoción muy poderosa y cuando ésta se convierte en colectiva, el efecto de catástrofe y paralización se extiende entre la población.
—¿Qué falló para que estemos así?
—Las políticas que se han implementado no han conseguido detener la tendencia al alza, tanto en la cantidad de hechos como en su gravedad.
Y explica: “Nunca se ha podido legisla para el reconocimiento de los Pueblos Originarios (PP.OO.). La Constitución actual no menciona siquiera la existencia de los pueblos indígenas, el derecho a su lengua, a su cosmovisión y sus tradiciones culturales. La relación pacífica entre pueblos parte de la base de que hay uno que ve el mundo de una manera distinta. Esta negación ha sido, desde mi perspectiva, un elemento clave en la radicalización del conflicto”.
El otro, advierte Monsalve, está en la política de devolución de tierras. “El Estado ha respondido a través de la compra de miles de hectáreas, sin embargo, el procedimiento para llevarlo adelante involucra una lucha”.
—¿Cuál es la razón?
—Porque pasan 25 años desde que una comunidad entra con una carpeta a la Conadi hasta que se compran estos terrenos y se los devuelve. Esta burocracia, más la negación del pueblo mapuche, han incidido en la radicalización de sus demandas.
—Pero de ahí al robo de madera, narcotráfico, la tenencia de armamento cada vez más pesado…
—Nuestra postura es clara: no estamos de acuerdo con el uso de la violencia como herramienta de reivindicación política en democracia. No podemos legitimar los atentados, ataques incendiarios, ni el uso de armas de fuego. Hemos tomado medidas para garantizar la seguridad de las personas, incluso recurriendo a algo tan contraintuitivo para el Gobierno como el Estado de Excepción. Pero ha sido con la convicción de que es una herramienta que nos ha permitido garantizar mejores condiciones de seguridad. Sin duda que en algún minuto nos gustaría retirarla.
—¿Qué tendría que ocurrir?
—Se requiere que el Estado sea capaz de identificar y desarticular a las organizaciones criminales. Pero en esto el Gobierno no tiene facultades: la tarea de identificar, procesar y sancionar a los responsables es del Ministerio Público. En lo que sí podemos actuar es en fortalecer las capacidades de las policías y las labores preventivas. Hace unos días me reuní en Valdivia (tras inéditos atentados incendiarios en la zona) con el Fiscal Regional, quien me habló de una gran falencia en peritos para el proceso investigativo y acumulación de evidencia. Así, el Gobierno financiará tres profesionales con estos fines. Tomamos la decisión de dotar a esas instituciones de todas las capacidades para una buena persecución penal.
‘¿Sabe cuántas personas están hoy encarceladas por Ley de Seguridad del Estado (LSE)? ¿Cuántos de quienes han asesinado o disparado contra personas desarmadas en el Biobío o la Araucanía están presos por la LSE? Pues bien: ninguna’.
—Los habitantes de la llamada “Macrozona Sur” insisten que muchos autores de atentados están impunes.
—Hay una idea de que existe impunidad total, pero no es tal. Sólo en estos últimos días hubo una operación contra una organización criminal en Collipulli y se detuvo a siete personas vinculadas al robo de vehículos y a un ataque incendiario. La PDI detuvo a Nelson Queupil, una persona relevante dentro de la organización “Liberación Nacional Mapuche”, que también se adjudica ataques. Ahora, ¿la persecución penal y las detenciones son suficientes? Claramente no.
—Imposible no pensar en el caso de Héctor Llaitul. Desde mayo que el Gobierno se resistía a querellarse contra él porque no se “perseguían ideas”, sin embargo, de un momento a otro, cambiaron drásticamente de opinión.
—Me parece completamente razonable que se haya llegado a esta decisión. Ahora, lo que de verdad le importa a la gente de la zona, que vive con temor, es que quienes cometen los delitos puedan ser detenidos y sancionados. ¿Sabe cuántas personas están hoy encarceladas por Ley de Seguridad del Estado (LSE)? ¿Cuántos de quienes han asesinado o disparado contra personas desarmadas en el Biobío o la Araucanía están presos por la LSE? Pues bien: ninguna.
—¿Qué quiere decir con esto, que desliga la tarea en la fiscalía?
—No, lo que digo es que esas herramientas han mostrado ser ineficaces para que personas que cometen delitos estén hoy en la cárcel. No es un invento, es un hecho.
—Pero la señal que se entrega es que han bajado los brazos.
—No es bajar los brazos, porque a esas personas se las está persiguiendo y con sanciones que pueden ser altas; de 10 años y un día, a cadena perpetua, si es un ataque incendiario u homicidio. La sociedad y distintos sectores políticos legítimamente me presionan para que use la LSE. Pero esto en la práctica no ha servido para detener a nadie.
—La vocera del Poder Judicial, Ángela Vivanco, exigió una mejor coordinación entre el Gobierno y la fiscalía.
—Todas las personas que han salido a opinar y exigir, todas, han tenido la posibilidad de solucionar este problema. Y me refiero tanto al Poder Judicial, a la Fiscalía Nacional y a los parlamentarios de derecha que gobernaron y han tenido roles de decisión en un problema que durante 10 años sólo ha ido al alza. Seamos responsables. No se puede simplemente salir a exigir cuando ellos también tuvieron en sus manos la solución. Ellos deben responder respecto de las responsabilidades que tuvieron en ese momento.
—Hace dos años hay una investigación abierta contra Llaitul.
—Sin nadie detenido ni procesado.
—Él estuvo cuatro años preso y debió ser indemnizado tras la falsificación de pruebas en el caso Huracán. ¿No será que el temor a repetir la historia es lo que está dilatado la investigación?
—No creo que la actuación del fiscal esté mediada por lo ocurrido en el caso Huracán.
—El caso golpeó fuerte al gobierno de la Presidenta Bachelet.
—Por supuesto; cuando se elaboran pruebas falsas para que alguien vaya a la cár- cel es un hecho gravísimo que obviamente afecta la confianza en las instituciones. Pero el problema del fiscal hoy no es ese.
—¿No?
—Los fiscales están influidos por un contexto y también por presiones de distinta naturaleza. Yo mismo puedo ser objeto de presiones, pero estoy aquí para no ceder y proteger el bien común. Esa misma misión debe tenerla el fiscal de manera de generar la evidencia suficiente para determinar la responsabilidad eventual de un delito.
—¿Ha conversado de esto con Mahmud Aleuy? Él tenía su cargo cuando explotó este fraude en 2017.
—Las responsabilidades las debe determinar la justicia, no yo. Además, aquí tal vez estemos adelantando un juicio; no recuerdo que él esté acusado de algo.
—Pero hay una responsabilidad política, ¿no?
—Está bien, pero no está acusado de nada salvo que esto ocurrió cuando ejercía el cargo.
—¿Se ha reunido con Aleuy? Entiendo que son cercanos.
—Aquí hay una teoría instalada por los medios. Soy parte del PS y le tengo un gran aprecio. Me ha tocado reunirme con muchas instituciones que tuvieron relación con él y me entregaron una muy buena evaluación de su desempeño. Pero con él no me he juntado, no ha habido tiempo.
—¿Ni para un café?
—Tengo la voluntad de que nos veamos, porque éste es un cargo donde se adquiere mucha experiencia y ese aprendizaje siempre es útil. Pero me interesa reunirme con todos mis antecesores.
—Se dice que es uno de sus mentores, junto con Camilo Escalona y Osvaldo Andrade.
—Ellos condujeron el PS durante mucho tiempo y yo he tenido cargos en el Comité Central, he sido dirigente regional, parlamentario. Sería imposible no tener una relación con cualquiera de quienes han sido personajes históricos dentro del PS, a quienes aprecio y respeto.
“Nunca se ha podido legisla para el reconocimiento de los Pueblos Originarios (PP.OO.). La Constitución actual no los menciona. Esta negación ha sido, desde mi perspectiva, un elemento clave en la radicalización del conflicto”.
—En cuanto al borrador constitucional, la plurinacionalidad se ha transformado en blanco de debates, ¿cuál es su visión?
—No soy el llamado a defender la plurinacionalidad, pero desde el punto de vista de la propuesta hay elementos que nos acercan a países avanzados. En Canadá no ha ocurrido una revolución. En Nueva Zelanda no ha pasado nada y los pueblos originarios cuentan con escaños reservados, derechos políticos, sociales y económicos. En esas sociedades nadie piensa que se separó el Estado, que hubo una división o que se cometió algo que afectara la continuidad de las relaciones que se producen en un territorio que tiene más de un pueblo. Hay elementos en el texto que aportan a la construcción de una relación pacífica entre el Estado chileno y sus PP.OO.
—En el PS muchos están por aprobar para mejorar. ¿Usted?
—Uno de los mayores cuestionamientos a la Constitución del ‘80 es que se buscó generar candados para no cambiarla. Ese es un error que no hay que repetir. Las constituciones tienen que ser la expresión de un acuerdo social y si este acuerdo cambia, el texto debe tener posibilidades de adecuarse. La Constitución debe estar abierta a mejorarse y perfeccionarse, y tener los espacios para que eso pueda ocurrir.