La ministra de Justicia y DD.HH nació en la población Santa Adriana y logró entrar a la universidad en Canadá donde vivió el exilio familiar. “Provengo de otro mundo. No tengo ningún primo o pariente al que nombrar notario”. Y acusa que en el Senado el trato hacia el gabinete «ha sido extremadamente descortés».
Por Lenka Carvallo
“No me olvido de quién soy ni de mis orígenes”, reconoce la ministra de Justicia, Marcela Ríos Tobar, sobre su pasado ligado al “mundo popular”.
“Me enorgullece hablar de mi historia; para mí es muy importante rescatar de dónde vengo. Los espacios que me ha tocado ocupar responden a circunstancias de la vida, oportunidades a las que accedí por haber vivido en países donde pude estudiar sin haber tenido los recursos, algo que difícilmente habría logrado en Chile”.
Socióloga egresada de la Universidad de York —durante su exilio familiar en Canadá—, doctorada en Ciencias Políticas en Wisconsin-Madison (EE.UU.); profesora en las universidades de Chile, Santiago y Diego Portales; miembro de tres comisiones en ambos mandatos de Michelle Bachelet (Reforma al Sistema Electoral, Reforma al Sistema de Pensiones y contra los Conflictos de Interés); tras 14 años en el PNUD, Ríos había decidido aceptar un importante cargo de la ONU en Noruega, cuando recibió el llamado de Gabriel Boric.
Hoy es la sexta mujer en asumir la cartera de Justicia y Derechos Humanos. “Nací en la población Santa Adrian y me crié hasta los dos años en la casa de mi abuela, en la comuna de Lo Espejo —cuenta la ministra con mirada firme—. Luego con mis papás nos fuimos a la población Santa Olga, al lado del Cementerio Metropolitano. Con el golpe militar nos mudamos a La Florida y estudié en un liceo comercial en el paradero 23 de Santa Rosa. Mi papá era jefe de bodega y un militante cristiano de base en el MAPU. Después del golpe nunca más consiguió trabajo. Estuvo detenido por- que era presidente de la junta de vecinos y de la JAP. Eran muy cercanos con Pierre Dubois (el emblemático sacerdote francés, opositor a Pinochet y defensor de los DD.HH en la dictadura); construyeron juntos la iglesia de Santa Olga. Fue gracias a su gestión con unas religiosas canadienses, que nos ayudaron a partir a su país como refugiados”.
Marcela Ríos regresó a Chile a los 39 años, como la primera generación de su familia con estudios superiores.
“Mi mamá llegó hasta quinto básico. Terminó el liceo y la secundaria en una escuela técnica en Canadá. Luego aprendió peluquería y se dedicó a eso hasta que se jubiló. Mi papá terminó la secundaria en un liceo nocturno”.
—¿Qué dijeron ellos cuando la nombraron ministra?
—Mi mamá lloró. Mi papá estaba súper orgulloso, bueno, ambos lo están (se corrige). Aunque los veo preocupados porque antes tenía una posición profesional de mucha tranquilidad y pasar a la primera línea política lo encuentran riesgoso, por la exposición pública y lo duro que puede llegar a ser este espacio. Asumí el desafío con la convicción de que podré aportar en un proyecto en el que creo profundamente.
Su mandato considera el plan de búsqueda de desaparecidos en dictadura; la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social para menores de edad; la agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación a víctimas en el contexto del estallido social; el proyecto de ley sobre responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, además de instalar la paridad de género e igualdad en las distintas reparticiones del ministerio.
«No me corresponde a mí decir si hubo o no abandono de deberes del ex ministro Hernán Larraín. Pero de ser efectivo sería extremadamente grave», dice por las 44 cajas encontradas en las bodegas del ministerio con información clave sobre violaciones entregada por una organización de ex conscriptos.
“Siempre me voy a sentir una especie de extraterrestre; nunca calzo del todo en ningún lugar. Viví en Canadá, en EE.UU. y México y, por venir de una familia popular, sin redes en las elites, me costó mucho insertarme laboralmente. Te estoy hablando de los ‘90, cuando tenías que conocer a alguien para poder conseguir trabajo. La sociedad chilena sigue construyendo las relaciones a partir del encasillamiento, de posicionar socialmente a las personas”, señala.
—Es la sexta ministra mujer en 185 años de historia y la primera en este ministerio que no cuenta con título de abogado. “Se quebró una tradición”, dijeron por ahí. ¿Ha encontrado resistencias?
—La relación con la Corte Suprema ha sido muy fluida; he sido muy recibida por los jueces y juezas. No necesaria
mente hay que ser abogado para liderar en los distintos temas y servicios que ve este ministerio, como Gendarmería, Sename, Servicio Médico Legal, Registro Civil. También tenemos equipos legales y especialistas en políticas públicas que son permanentes y muy sólidos. Entonces creo que le hace bien tener una mirada distinta.
Sonríe y agrega que “además, como provengo de otro mundo, aunque quisiera no tengo ningún primo o pariente al que nombrar notario”.
Y mirando fijo, admite: “A lo mejor pasa piola, pero la gente quizá no sabe que acá firmamos nombramientos casi todos los días porque somos el ministerio que se encarga de la designación de jueces, abogados integrantes, notarios, conservadores, archiveros. Entonces tener este nivel de autonomía me parece fundamental”.
—¿Ha sentido el lobby?
—Sí, o sea, sigo recibiendo muchas sugerencias por parte del mundo político en este tipo de materias. Legítimamente me hacen saber opiniones, comentarios y yo tomo nota de todo, pero con los equipos hemos establecido criterios para mantener los mayores estándares de probidad, transparencia y revisar cada nombramiento a partir de eso.
—En cuanto asumió la cartera su primera gestión fue trabajar por los llamados presos de la revuelta. Retiró las 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado y el Gobierno le dio suma urgencia a la Ley de Amnistía, que hasta ahora no tiene piso. ¿Cómo ha sido entrar a la jaula de los leones?
—Nada fácil. Pero seguiremos buscando juntar agua en la piscina. Soy optimista y espero que tengamos un anuncio pronto.
—Hay tensión entre los senadores por el borrador constitucional que, de ser aprobado, eliminará este órgano para el 2026. Al menos 27 senadores se quedarán sin terminar su período, ¿eso ha compilado eso las relaciones?
—Ciertamente. El clima en el Senado ha estado muy marcado por las decisiones que fue tomando la Convención. Uno puede a lo mejor empatizar con su molestia, pero en algunos casos el comportamiento hacia las ministras y ministros ha sido extremadamente descortés. He tenido varias ocasiones en comisiones donde el diálogo ha sido muy brusco. Está bien, es parte de mi trabajo y no tengo problemas para estar en un espacio así, pero eso no le hace bien a la política ni al país.
Y añade: “Necesitamos hacer mayores esfuerzos para mejorar el clima político. Las élites, donde también nos encontramos las autoridades, tenemos la responsabilidad de dar señales a la ciudadanía. Si no nos podemos tratar en buenos términos civilmente, difícilmente podemos esperar que los ciudadanos y ciudadanas nos traten con respeto”.
—¿A qué se refiere concretamente con maltrato?
—No voy a entrar en el detalle. Las reuniones con las comisiones están grabadas.
—A su cartera le toca llevar adelante el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos. Entiendo que al poco de asumir en las bodegas del ministerio descubrieron 44 cajas con testimonios de ex conscriptos durante la dictadura. ¿No tenían información de esos documentos?
—Nos enteramos a través de una reunión vía ley de lobby con organizaciones de ex conscriptos que hicieron el servicio militar durante la dictadura y que efectivamente acudieron a este ministerio buscando reparación y poder ser reconocidos como víctimas de violaciones a los DD.HH. Sin embargo, en el proceso de traspaso con el gobierno anterior, no se nos informó. Tomamos la decisión de entregar los documentos al Poder Judicial y desde ahí se derivaron a los ministros en visita que llevan causas de violaciones a los DD.HH. Esperamos que pueda ser información útil para aquellas causas que ya están abiertas.
—¿Abandono de deberes por parte de su antecesor, Hernán Larraín?
—Instruimos un sumario interno porque nos parecía importante entender qué ocurrió y por qué estas carpetas permanecieron acá durante todo el gobierno anterior, desde finales del gobierno de la Presidenta Bachelet. También debe pronunciarse la Contraloría. Por lo tanto, no me corresponde a mí calificar si hubo o no abandono de deberes.
Aunque apunta: “Sí puedo decir que con el anterior ministro tuvimos un traspaso muy profundo; fueron dos semanas con reuniones todos los días. Me entrega- ron carpetas de cada una de las divisiones, pero esto efectivamente no se nos in- formó. Espero que todas las instituciones actúen lo más rápido posible para tener más claridad, en particular por los familiares de las víctimas, para que estén tranquilas y sepan si esas carpetas contienen o no información sobre el paradero de sus seres queridos. De ser así, esta omisión sería extremadamente grave”.
«Soy partidaria del Apruebo sin apellidos. Estoy muy contenta con la mirada feminista de la Constitución; eso me motiva profundamente y entendiendo que las dos opciones son legítimas».
—En una entrevista José Miguel Vivanco, ex director para América Latina para Human Rights Watch, reconoció sentirse defraudado por Michelle Bachelet tras su viaje a China. La calificó de condescendiente y de dilatar la en la entrega de su informe. ¿Concuerda con esa crítica?
—Respeto profundamente el trabajo de Vivanco, pero no soy la especialista en este tema sino la Canciller.
—Es ministra de Justicia y DD.HH., alguna opinión tendrá. Porque se suele acusar a la izquierda de doble estándar en este sentido.
—Respecto de China, históricamente ha existido un doble estándar porque en muchos países es más fácil romper relaciones o pedir sanciones para un país pequeño que a una potencia mundial. El estándar debe ser el mismo para todas las naciones. Como Gobierno no haremos defensas corporativas o ideológicas cuando se vulneren los derechos de las personas. Hemos sido muy conscientes y claros en mantener una posición.
—En cuanto al borrador constitucional, una de las críticas al Sistema de Justicia apunta al consejo de ocho jueces que deberán ser elegidos por sus pares. Los detractores apuntan que puede prestarse para lobby, campañas puertas adentro y opacidad.
—Hemos sido respetuosos de no andar comentando los detalles del borrador, pero en otros países hay consejos de justicia que funcionan de manera similar y bien. Sí creo que acá, más que solo el diseño, hay que poner ojo en cómo hacemos las bajadas legislativas. También nos da mucha tranquilidad que la Corte Suprema siga siendo el órgano en última instancia para todo el sistema. Aunque me parece que es importante buscar distintos mecanismos de nombramientos; el que tenemos hoy no es óptimo, por decirlo de forma diplomática y, por tanto, la discusión no es que hoy día no exista politización y con la otra sí la habrá; hoy también el sistema tiene mucho espacio de oscurantismo. Nuestra labor, en caso de que llegue a aprobarse el texto, es hacer una bajada legislativa del detalle del funcionamie to de ese consejo, conversando con to- dos los involucrados y así lograr el mejor diseño posible.
—Siguiendo con las críticas al Consejo de Justicia, se apunta a que los pueblos originarios estarían sobrerrepresentados al contar con dos cupos de ocho, lo que afectaría los equilibrios.
—Esa es una decisión de la Convención y el 4 de septiembre emitiremos nuestra opinión. Será el soberano el que defina si es la mejor opción.
—¿Es partidaria de aprobar con o sin apellido?
—Sin apellido. Estoy muy contenta con la mirada feminista de la Constitución; eso me motiva profundamente, entendiendo que las dos opciones son legítimas.
—Si la Constitución se aprueba o rechaza por estrecho margen, ¿podría afectar al clima político del país, como algunos ya temen?
—No tenemos que olvidar cómo llegamos a este proceso constituyente. Fue producto de una movilización social y también gracias al diálogo político donde dos tercios del Congreso aprobaron este itinerario y el sistema electoral que permitió competir a los independientes y que definió los escaños reservados, la paridad y un plebiscito de salida. Lo responsable es esperar a que termine el itinerario democrático e institucional y ahí conversar qué hacemos hacia adelante.