Desde España -donde vive-, Javier Ojeda recuerda a su hermano y manifiesta su preocupación por el avance del proceso judicial en Chile en cuanto a la extradición de la figura clave que conectaría al Tren de Aragua con el número dos del régimen venezolano, Diosdado Cabello. También plantea sus sospechas de la actuación del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve: «Un mes antes de que mataran a mi hermano, él viajó a Venezuela para firmar un acuerdo para el traspaso de información sobre las identidades de los delincuentes que estaban operando en Chile». También denuncia: «Después de su salida, él declaró un pago a la familia Ojeda (de gastos reservados). Eso es completamente falso».
Por Lenka Carvallo Giadrosic para suplemento Sábado de El Mercurio.
28/06/2025
Han pasado 16 meses desde el secuestro y asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda y al otro lado de la pantalla el rostro de Javier, su hermano mayor, presenta unas ojeras profundas que enmarcan su mirada triste.
Tiene 38 años, es publicista y técnico en iluminación y está radicado en España (se reserva la ubicación por razones de seguridad), país al que llegó en 2019 tras huir junto a su hermano de la dictadura venezolana, a fines del 2017.
Esta es la primera entrevista que da a un medio chileno y tiene sus razones: está inquieto porque el tiempo ha ido pasando y aún no se concreta la extradición solicitada por la justicia chilena a Estados Unidos de Rafael Gómez Finol (alias El Turko, quien tiene doble nacionalidad: venezolana y colombiana), uno de los principales implicados en el homicidio de su hermano.
Rafael Gómez Finol es líder de Los Piratas, una de las facciones del Tren de Aragua, y sindicado como el autor intelectual del secuestro y asesinato del exmilitar venezolano. Hoy está en la prisión del condado de Texas, condenado por tráfico de personas. Según la investigación de la Fiscalía en Chile, Gómez Finol -quien también habría sido guardaespaldas de la hija de Diosdado Cabello, ministro de relaciones interiores y justicia de Venezuela-, es el engranaje que permite conectar a esta organización criminal con una alta autoridad del régimen venezolano: el coronel Alexander Enrique Granko Arteaga, jefe de la unidad de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de ese país (bautizado como el «carnicero» de Maduro). Según la investigación de la fiscalía, este último habría viajado a Chile para liderar personalmente el comando que asesinó al disidente Ronald Ojeda.
En marzo de 2024, la familia Ojeda -representada por el abogado Juan Carlos Manríquez- entregó todos los antecedentes recopilados por el homicidio a la Corte Penal Internacional (CPI), para investigar si hubo una acción extraterritorial de agentes del gobierno de Venezuela. Y en marzo de 2025, el fiscal nacional Ángel Valencia y el canciller Alberto Van Klaveren entregaron todos los antecedentes de la investigación que lleva el fiscal Héctor Barros directamente a la presidenta de la Corte Penal Internacional, la jueza Tomoko Akane y el fiscal del organismo, Karim Khan.
La semana pasada, entretanto, el abogado Juan Carlos Manríquez, se encontraba en Países Bajos, donde se reunió con la jefa de la oficina pública de víctimas de la CPI, Paolina Massidda, para comprobar el avance de las gestiones.
Javier Ojeda se emociona cuando habla de su hermano. «De niño Ronald siempre fue muy despierto, extrovertido, de muchos amigos. Mi papá nos enseñó a trabajar en la construcción y a los 12 o 13 años, nos pasábamos metidos en las obras, nos encantaba. Él era apasionado por el fútbol, jugaba muy bien. También le gustaba la panadería, la pastelería y su sueño era tener un negocio. A los 17 años decidió entrar a la Academia Militar, donde logró varios puestos dentro de su promoción y era admirado por sus pares. Pero dentro de la institución pasaban cosas que a él no le gustaban; había mucha corrupción y se dio cuenta que en Venezuela existía un sistema para manipular las mentes y doblegar a los estudiantes de la academia. Ahí es donde parte toda esta historia…».
-Ronald era muy apegado a su mamá, quien sigue viviendo en Venezuela. ¿Cómo está ella?
-Lo ha pasado muy mal; se ha apegado mucho a mis sobrinos para llenar ese vacío. Como Ronald era el menor de los varones, mi mamá siempre lo tenía como su niñito. Él y yo pensábamos en que llegaría ese momento en que podríamos reunirnos todos; porque la fuerza que él tenía para salir adelante, era para volver a reencontrarse con mi mamá… Pero lamentablemente pasó esto.
A comienzos de 2017, Ronald fue designado al punto de control fijo en la carretera principal que conecta a la población de La Victoria, en el estado de Apure, frente a las instalaciones de la planta de bombeo de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Una zona fronteriza con Colombia y de vital importancia para los grupos insurgentes y radicales liderados por las FARC y el ELN, organizaciones ligadas al narcotráfico, secuestro y extorsión. Ahí Ronald descubrió el contrabando de petróleo y droga entre los militares y el vecino país a través de los grupos armados. Su intransigencia para participar en estas transacciones le significó ser acusado de traición a la patria y llevado a la cárcel de Ramo Verde, donde estuvo nueve meses preso y fue torturado.
«Mi hermano fue testigo de toda la putrefacción y cómo se movían los hilos. Él no tenía los medios para combatirlo por sí mismo, pero se rodeaba de militares de verdad», dice Javier.
Ronald se fugó junto a otros cuatro compañeros mientras los trasladaban desde los tribunales hacia la cárcel de Ramo Verde. Uno murió y otro quedó en coma. En Maracay fue auxiliado por sus hermanos Javier y Mayra. Esta última se vino a Chile con sus dos hijos pequeños, de 6 y 4 años. Ronald y su esposa Josmarghy partieron a Perú, donde solicitaron refugio, pero temiendo que el G2 (la inteligencia cubana que buscaba disidentes venezolanos) los estuviera siguiendo, arribaron a nuestro país en diciembre de 2017 en calidad de refugiados. Ronald partió vendiendo agua en los semáforos y haciendo helados de fruta, mientras esperaban la visa para irse a España. Políticamente, era seguidor de Javier Milei, tenía amigos en el Partido Libertario en Chile y desconfiaba de figuras políticas opositoras al régimen de Maduro, como María Corina Machado y Edmundo González. Según planteaba, solo se podía derrocar a Maduro por la vía armada. En Chile se reunía con otros disidentes venezolanos y estableció contacto con militares desertores del régimen. En enero de 2024 viajó a Venezuela, donde se contactó con otros exmilitares, entre ellos Anyelo Heredia. Días después, el 22 enero, un mes antes del secuestro, la Fiscalía general de Venezuela informó de la detención de ocho personas acusadas de atentar contra la vida de Maduro, entre ellas Heredia, quien era cercano a Ronald Ojeda.
-Ahí su hermano apareció en una lista realizada por Diosdado Cabello como enemigo del régimen por el plan «Brazalete Blanco», que supuestamente consistía en atacar una base militar venezolana y asesinar a Maduro.
-Ronald quería la libertad de Venezuela. Estamos hablando de una dictadura que tiene secuestrada la silla presidencial de mi país, que es dueña de todos los poderes. Luchar para liberar a Venezuela no es un delito. Diosdado Cabello lo puso en esa lista y dijo que lo «buscarían hasta debajo de las piedras».
En la madrugada del 21 de febrero de 2024, un grupo de cuatro hombres, haciéndose pasar por detectives de la PDI, ingresó al departamento en la comuna de Independencia en que vivía Ronald con su mujer Josmarghy y su hijo de seis años. Los tres dormían en la misma cama cuando empezó la pesadilla. Desde ese instante su familia tuvo el convencimiento de que se trataba de una operación política dirigida por la dictadura de Nicolás Maduro a través del Tren de Aragua. Diez días después, el cuerpo de Ojeda fue encontrado en una población en Maipú, al interior de una maleta, oculto bajo un bloque de cemento todavía fresco. Al principio a la familia le costó creer que fuera él. «No podemos aceptar que sea del todo mi hermano si no se ha hecho un reconocimiento ocular», dijo en ese momento Javier Ojeda en sus redes. Hoy, admite: «No era el primer secuestro y pensábamos que podía volver, además que nos pareció sospechoso que no nos dejaran ver su cuerpo hasta después de varios días. Luego nos costó identificarlo porque (los asesinos) le habían puesto cal solo en la cabeza y estaba irreconocible… Solo pude saber que era él por un defecto que tenía en las plantas de los pies».
-¿Él sabía que lo podían matar estando en Chile?
-Sí, me contó que estaba en riesgo su vida y que el momento estaba muy cerca. Él manejaba mucha información, de hecho, escribió un libro y me encargó que, en caso de morir, lo publicara.
Ronald incluso había elegido a la editorial: Entre Zorros & amp; Erizos, dirigida por Sofía Abarca. Ella solía ver a Ojeda en sus lanzamientos, así como en otros encuentros de seguidores, simpatizantes de la ultraderecha. Un día él le contó que estaba escribiendo su historia. Tras el asesinato, Javier la contactó a través de Instagram. Seis meses después, la editorial publicó «Ronald Ojeda: Notas póstumas sobre su secuestro y asesinato». En la primera página el militar redactó una advertencia: «Hoy vinieron por mí, mañana irán por ti. Todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Esto no es un libro: es una denuncia y una advertencia».
Javier también sospecha de Manuel Monsalve, entonces subsecretario del Interior, por su actuación antes y después de que su hermano fuera asesinado. «No me fío de que haya actuado limpiamente, más tras conocerse el caso de la mujer que lo denunció (por abuso sexual y violación) y tras conocerse de las reiteradas búsquedas en su celular de mujeres de compañía (de origen colombiano) en páginas web siendo él la principal autoridad en materia de seguridad en el país. Yo sé que esto es un caso ajeno al de mi hermano, pero estamos hablando de la misma persona y quiero que esto se tome en cuenta. Un mes antes de que lo mataran, Monsalve viajó a Venezuela para firmar un acuerdo con su par en el gobierno para el traspaso de información sobre las identidades de los delincuentes que estaban operando en Chile. Cuatro semanas después secuestraron a mi hermano…».
-Según usted, ¿Monsalve pudo entregar información que puso en juego la vida de Ronald? Su cuñada, Josmarghy Castillo, siempre se ha preguntado cómo supieron su dirección.
-Su forma de actuar y de justificar el viaje a Venezuela nunca fue clara. Todo se dio de forma muy sorpresiva y eso nos levantó las primeras sospechas. La fiscalía debería tomar más en serio estos antecedentes.
Otra situación poco transparente, plantea, fue una reunión que el exsubsecretario mantuvo con la viuda del teniente y su hermana Mayra. «Ellas estaban pidiendo ayuda económica para cubrir gastos de alquiler, gastos del niño y la familia. Pero en esta reunión él les ofreció una cierta cantidad de dinero en efectivo, cosa que ellas rechazaron porque querían algo más formal, que viniera de parte del Estado».
-¿Cuánto dinero les ofreció?
-No sé, no hablaron de cantidad. Pero después de la salida (del gobierno) de Monsalve, según se publicó en la prensa, él declaró un pago a la familia Ojeda a través de los gastos reservados, lo cual es completamente falso.
A fines de febrero de este año, el abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, solicitó al fiscal Héctor Barros información sobre el estado de la investigación por los gastos reservados del exsubsecretario Manuel Monsalve, quien entre el dinero rendido habría indicado que 8 millones de pesos fueron supuestamente entregados en efectivo a la viuda y la hermana de Ronald Ojeda. Javier es enfático en este punto:
-Mi familia jamás recibió ningún apoyo. Insisto: la fiscalía debería tomar más en cuenta esos hechos.
Javier también sospecha de la información encontrada por la policía en las pericias del teléfono de Monsalve en los días previos, durante y posterior al abuso y violación por el que está formalizado, pues le parece son indicadores de que es una persona corruptible.
-Si alguien está buscando GHB (gamma hidroxibupirato) en una página web, que es una droga depresiva utilizada para realizar violaciones, además de que siendo el subsecretario del Interior insistentemente realizaba búsquedas en páginas de mujeres de compañía extranjeras, son acciones que podrían haberlo comprometido.
Lo que más inquieta a Javier Ojeda es la extradición del Turko (Rafael Gómez Finol ), líder de la facción Los Piratas, del Tren de Aragua. Si bien en marzo de este año el Departamento de Estado del gobierno norteamericano anunció su envío a Chile, nada ha ocurrido hasta ahora. Esto también ha preocupado a los miembros de la Fundación Arcadia -que reúne a disidentes venezolanos de alto perfil en EE.UU.-, quienes, autorizados por Javier Ojeda, han iniciado una serie de reuniones para poner en conocimiento de este tema al secretario de estado norteamericano, Marco Rubio.
«Gómez Finol es la persona que enlaza a toda esta maraña de delincuentes que mataron a mi hermano y cerraría el engranaje sobre cómo se estructuró el asesinato. Sabemos que la operación fue liderada personalmente por Granko Arteaga, el ‘carnicero de Maduro’, quien estuvo en el secuestro, tortura y asesinato de Ronald. Ahora, en el FBI -que desde el comienzo ha estado investigando el caso- quieren asegurarse de qué otros crímenes de tipo político, con características similares a las utilizadas en el caso de Ronald, pudiesen haber ocurrido en suelo norteamericano. Ellos saben que en EE.UU. hay un grupo importante del Tren de Aragua, lo que le permite al régimen realizar sus actividades fuera de sus fronteras, incluso acabar con candidaturas políticas. El Tren de Aragua es un brazo armado muy potente que la dictadura tiene en el extranjero. Entonces estamos a la espera, preocupados de que vaya a pasar el tiempo. Además, ahora el gobierno venezolano se atravesó en el camino y está pidiendo la extradición a Venezuela de los mismos cuatro connacionales vinculados al crimen y que ahora están encarcelados en Colombia (Dayanis Orozco, Carlos Gómez, Luis Alfredo Carrillo y Larry Álvarez). Para esto se basan nada menos que en el mismo documento de colaboración que firmaron con el exsubsecretario Monsalve… Y, si eso ocurre, nunca más volverán a Chile».