A casi tres años desde que el empresario Alejandro Correa fuera asesinado por un sicario en Concón, su hija busca darle un nuevo significado a las 12 hectáreas ubicadas en Quilpué hoy ocupado en un loteo irregular liderado por los mismos culpables del crimen. “Quiero que se convierta en un lugar positivo, luminoso; es lo que necesito para reparar mi duelo”, dice la también directora ejecutiva de la Fundación para la Confianza, institución que acaba de cumplir 12 años.
Por Lenka Carvallo. Foto: Claudio Cortés, gentileza de El Mercurio.
Entrevista publicada el 29 de diciembre de 2022 en La Segunda.
“Esta fue una bala que también entró en la Fundación… No habría podido enfrentarme a todo este sufrimiento si no fuera por mis compañeros de trabajo, que son abogados, psicólogos, trabajadores sociales, que me cuidaron mucho y me dieron la fortaleza para llevar este proceso adelante”, sostiene Valentina Correa (33), licenciada en sociología de la Universidad de Chile y directora ejecutiva de la la Fundación para la Confianza.
El 18 de mayo de 2020 su padre, el empresario Alejandro Correa, de 60 años, fue asesinado por un sicario en la puerta de su casa en Concón.
La noticia conmocionó al país cuando las muertes por encargo no eran parte de los reportes policiales.
“Cuando esto ocurrió, rápidamente se estableció que había sido un sicariato… Yo no sabía lo que significaba esa palabra. Se abrió una puerta a un mundo al que jamás creí posible y me convertí en la protagonista de una crónica policial…”.
A sus entonces 31 años, Valentina Correa asumió como vocera de la familia e investigó, a la par con la Fiscalía y la Brigada de Homicidios, el posible móvil del crímen y sus autores. Trabajó codo a codo con el abogado Juan Pablo Hermosilla (representante legal y director de la Fundación Para la Confianza) en la arista penal.
“Si no hubiese estado en la fundación seguramente no habría podido acceder a un abogado como Juan Pablo Hermosilla. También tuve la fortuna de contar con un excelente equipo, tanto en la BH de Valparaíso como en la fiscalía. Me pongo en el lugar de muchas personas que hoy enfrentan casos como el mío y siento una enorme responsabilidad. La sociedad nos está mirando y la señal no puede ser de impunidad antes estas mafias”.
El 20 de abril la familia obtuvo su primer triunfo. El Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Viña del Mar condenó a 28 años a Víctor Gutiérrez, autor material del crimen; 18 años para Renato López, autor intelectual y quien se apropió de los terrenos (“debió ser cadena perpetua, cargaba con 3 condenas por narcotráfico pero incomprensiblemente tenía irreprochable conducta anterior…”). También fueron sentenciados el chofer que movilizó al asesino y facilitó el arma (a 15 años) y la pareja de éste (6 años).
En mayo la Corte Suprema rechazó su recurso de apelación y hoy los cuatro cumplen condena.
“Pero esto no ha terminado —advierte Valentina—. Mucha gente cree que con la ejecución del fallo nos a devolverán el terreno, pero esto recién está empezando”, sostiene la vocera de la familia sobre la arista civil del caso, en el marco de la querella por usurpación violenta y loteo irregular contra Luis Alarcón Cáceres, hasta ahora el único formalizado.
La audiencia de preparación para el juicio oral será el 30 de enero.
“Dos semanas antes de que mataran a mi papá, Alarcón y su gente ingresaron al terreno con maquinaria y con un topógrafo delimitaron parcelas de 500, 600, 700 metros.Mi papá fue a hablar con él, quien se presentó como ‘asesor de tomas’. Luego de esta reunión quedó muy preocupado y redactamos una presentación ante la Fiscalía. El jueves enviamos el correo y el lunes lo mataron… En el expediente consta que Alarcón y el autor intelectual (Renato López) estaban concertados. En la causa está el registro de una conversación que mantuvieron, en la que se reían y decían que iban a ponerle el nombre de mi papá a la toma para que yo me dejara de molestar, aunque con otras palabras… Dos meses después López dio una entrevista a El Mercurio, diciendo que él no tuvo nada que ver y a la vez reafirmando y volvió a decir que era un ‘asesor de tomas’… Es esta impunidad la que destruye las democracias. Estas son mafias que se amparan en la crisis habitacional y en el dolor de la migración. Espero que en este juicio civil se logre una condena acorde a derecho; es urgente entregar señales de que este delito se puede perseguir y proteger a la planificación urbana de las mafias de tráfico de suelo, dice sobre un delito que, apunta, se ha importado de Colombia y también presente en México y Brasil.
Hoy describe la situación en la que hoy se encuentran las 12 hectáreas en Quilpué:
“Cuando mataron a mi papá, la ocupación era del 10%. Hoy está en un 100%. Con los retiros de las AFP las construcciones no sólo se multiplicaron, además incorporaron paneles solares, estanques de agua, huertos… Afuera hay un cartel que dice ‘prohibido entrar, sólo residentes’… Esas personas viven en un terreno que está manchado con sangre; ellos, indirectamente, son cómplices de un crimen… La municipalidad dejó de llevarles agua y varios se han ido, pero muchos permanecen a la espera de una respuesta del Estado”.
Valentina Correra relata que hace unos meses, en representación de la dirigencia de la toma, un abogado se contactó con el estudio de Hermosilla para consultar la disponibilidad de la familia a vender una parte del terreno. Su respuesta es tajante: “Esa no es una opción para mi familia; esas personas se han aprovechado de la impunidad que les ha dado el Estado y también de la tragedia de mi familia”.
En todo este tiempo la vocera de la familia Correa ha golpeado las puertas de una serie de autoridades, desde el gobierno de Sebastián Piñera a la administración actual.
“Mi experiencia es la de un Estado maltratante. El Estado, y con esto me refiero al gobierno anterior y a éste, no quisieron ver el delito que tenía al frente y lo esquivaban argumentando que era producto de una necesidad post pandemia, por la crisis económica… Luego, cuando la evidencia demostró lo contrario, lo calificaron de un problema entre particulares… Hasta la Corte Suprema determinó en un fallo por un caso similar que las partes se pusieran de acuerdo entre ellas… Pero fueron tantas las críticas que en noviembre la CS dio un giro muy distinto y ordenó a los ocupantes de toma de terrenos en Reñaca Alto a abandonar el lugar en un plazo de 6 meses. Eso nos da esperanzas. Somos muchos los que estamos en esta situación y no podemos enfrentarnos en un juicio civil con 200 o 300 personas que entraron de la noche a la mañana con retroexcavadoras… La contienda es desigual. No podemos hacernos cargo de una deficiente política habitacional”.
—¿A qué te refieres concretamente con un “Estado maltratante”?
—No te imaginas la cantidad de catastros que me pidieron, los montones de fichas que tuve que rellenar cuando debí estar haciendo el duelo de mi padre… Eso es lo que me da más rabia. Por falta de coraje me tramitaron para así dejar que pasara el tiempo y esperar a que se les terminara su gobierno y dejarles la pelota a los que seguían. Desde el ministerio de Vivienda (con Felipe Ward) me enviaron un correo para decirme que el caso estaba en la agenda de traspaso como una prioridad. Esperé a que se instalaran las nuevas autoridades, pedí una reunión pero la respuesta fue que lo comprometido ya no iba… Luego vino la declaración del ministro Carlos Montes (vivienda) diciendo esto era un problema entre particulares… La frustración fue enorme. Sentí que todo estaba perdido, que lo único que habían hecho las autoridades en todo este tiempo fue pelotearme.
Valentina se enfocó en cerrar la arista penal (la apelación de los culpables) y en mayo retomó con un giro total en su estrategia: traspasar las 12 hectáreas a la Municipalidad de Quilpué.
«Un abogado, en representación de la dirigencia de la toma se contactó con el estudio de Juan Pablo Hermosilla para consultar la disponibilidad de vender una parte del terreno. No es una opción; esas personas se han aprovechado de la impunidad que les ha dado el Estado y también de la tragedia de mi familia”.
Ya llevan 3 meses trabajando con la alcaldesa Valeria Melipillán (militante de Convergencia Social, quien asumió este año) y con la Fundación Huella Local (de Gonzalo Vial) en el desarrollo del proyecto.
“Son 400 departamentos sociales a baja escala. También contempla un terminal intercomunal de buses, un centro cívico, un cuartel de PDI, un gimnasio municipal y un parque. Desde las políticas públicas también se puede hacer justicia”, dice sobre el lugar ubicado a sólo 10 minutos den centro.
—Claro que para concretarlo hay que desocupar el terreno…
—Estamos evaluando un recurso de protección y que los tribunales otorguen un plazo para que esa gente se vaya. Otra vía es que el Minvu o el Serviu lo compren mediante un presupuesto de emergencia con el que cuenta el gobierno regional, así, pasaría a ser propiedad fiscal y puedan instruir directamente el desalojo y la demolición.
—¿Como familia hicieron la pérdida económica?
—Partimos esta lucha perdiendo… Si ahora me dicen que hay que vender el terreno en 2 mil pesos, lo haré. Lo que quiero es que el lugar vuelva a ser un lugar bonito y luminoso. Me da esperanzas, es lo que necesito para reparar mi duelo.
“Pelear contra el abuso es pelear contra el poder”
Con 12 años recién cumplidos, en la Fundación Para la Confianza trabajan abogados, psicólogos, asistentes sociales quienes atienden los cerca de 700 denuncias anuales, la mayoría abusos sexuales contra menores de edad.
“Según el estudio de prevalencia que hicimos este año con la PUC, sabemos que una de cada 5 personas ha sido víctima en su infancia”.
Por eso, en respuesta al rechazo transversal que generatron dos tesis de la Universidad de Chile, interpretadas como una validación académica de la pedofilia, la directora ejecutiva de la FPC señala:
“La universidad no puede prestarse para relativizar los derechos humanos, especialmente los de niños, niñas y adolescentes. Como fundación repudiamos la publicación de esta tesis porque desdibujan los límites entre la pedofilia y el abuso sexual infantil, una discusión que no debe estar siquiera permitida, más aún dentro de un plantel académico de un alto estándar ético. Es llamativo que se hayan pasado todos los filtros… Valoro la declaración de la rectora Rosa Devés, que instruyó examinar los estándares éticos de esta investigación que espero que los resultados se hagan públicos… Como fundación estamos evaluando tomar acciones”.
—¿Qué pasó con los casos de abuso eclesiástico? Da la impresión que desde la remoción del fiscal Emiliano Arias, ahora las investigaciones están en punto muerto…
—Efectivamente han estado lentas y esperamos que con la llegada de un nuevo Fiscal Nacional éstas causas se agilicen… Hay rabia e indignación al ver que las causas siguen entrampadas, además, porque luego del informe Scicluna las cosas quedaron ahí y nunca más supimos ( dice sobre la investigación mandatada por el Vaticano en 2018, cuyos resultados se mantuvieron en reserva, a pesar de la insistencia de la Fiscalía).
—Este año en la FPC denunciaron al ex sacerdote jesuíta Felipe Berríos por hechos de connotación sexual. Él dijo que en la fundación se han prestado para un “show mediático”.
Mientras los golpes los recibamos nosotros y no las víctimas, nos mantiene sin cuidado. Pelear contra el abuso es pelear contra el poder. Hablamos de una congregación siempre que decía ser diferente de las demás, cuando tenían los casos más horrorosos que nos haya tocado ver… Me refiero especialmente a Renato Poblete, quien era un verdadero torturador y violó a una decena de mujeres de forma reiterada y sádica, obligando a una a abortar dos veces…
—El abogado de Berríos, Julián López, cuestionó la estrategia de Juan Pablo Hermosilla de optar por la investigación canónica y no la ordinaria.
—Fue una crítica dura, pero elegimos ese camino a petición de una de las víctimas quien todavía se considera creyente; su deseo es que sea la iglesia la que investigue y sancione, además basándose en el caso de Renato Poblete, cuya investigación también fue canónica y resultó ser muy prolija, más de lo que muchas veces hemos visto en la justicia civil…