En el 2010 tuvieron el coraje de hacer públicos los abusos que sufrieron a manos de Fernando Karadima. Los amenazaron, perdieron la fe, pero no bajaron los brazos. En el 2018 el Papa Francisco les pidió perdón; un mea culpa histórico que llegó a Chile justo en momentos en que no sólo la Iglesia sino la sociedad vive cambios profundos. James Hamilton, José Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz no descansan. Estas son sus batallas hoy. Por Lenka Carvallo Giadrosic . Fotos: Camilo Melús.
Entrevista publicada en el 2018 en la revista Caras.
EL COMIENZO
El 21 de abril de 2010 tres hombres cambiaron la historia de la Iglesia chilena y la del mundo. Tras la revelación de que el Arzobispado de Santiago había iniciado una investigación en contra del ex párroco de El Bosque Fernando Karadima, James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo se convirtieron en los primeros en denunciar públicamente una siniestra trama de abusos y encubrimiento contra el poderoso sacerdote y su círculo de protección.
Aunque la trama comenzó a desencadenarse mucho antes. Un vía crucis que empezó el 2003, cuando luego de procesar su historia por ocho años, José Andrés Murillo al fin pudo contarle a sus padres un intento de abuso por parte de Karadima mientras él era seminarista. Junto con eso, le escribió al Cardenal Francisco Javier Errázuriz. “Rezaré por ti”, fue todo lo que le mandó a decir el entonces arzobispo. Nada más. Murillo se sintió solo. Luego de un año supo que no era el único, que James Hamilton también había llevado su caso hasta el Arzobispado. Se juntaron por primera vez en el restorán Venezia y hablaron hasta las seis de la mañana. Lloraron juntos. Se hicieron amigos. Murillo se presentó como testigo en el proceso de nulidad eclesiástica que tramitaba Hamilton de su primera mujer, Verónica Miranda, quien a su vez también había llevado el tema de los abusos de Karadima hasta el Arzobispado, sin resultados por supuesto. Luego vinieron los casos del periodista Juan Carlos Cruz y el abogado Fernando Battle —quien finalmente optó por restarse de las acciones judiciales—. Así, el 26 de abril de 2010 los crudos testimonios fueron emitidos por el programa Informe Especial (TVN) y días después también se tomó la portada del The New York Times.
Estos tres hombres, de personalidades tan distintas, emprendieron una cruzada histórica y detonaron el mayor cisma de la Iglesia chilena con repercusiones que aún no paran.
“Les pido perdón a nombre propio y de la Iglesia Universal”, les dijo profundamente acongojado el Papa Francisco al recibirlos en el Vaticano a comienzos de mayo de este año. El pontífice se reunió con cada uno de ellos y, algo nunca visto, los invitó a hospedarse en Santa Marta (el lugar de residencia de los máximos jefes de la Iglesia Católica). Un gesto inédito que no pasó inadvertido por los especialistas internacionales.
En sus conversaciones privadas con el pontífice, Murillo, Cruz y Hamilton hablaron de la corrupción moral que corroe a los obispos chilenos, de los evidentes círculos de protección, de los abusos de conciencia, de poder y sexuales; le contaron del dolor de los fieles, de lo difícil que ha sido hacer justicia mientras las historias de violaciones continúan y las víctimas se multiplican. Todo, mientras la máxima jerarquía eclesiástica permanece impávida y hasta dice sorprenderse ante cada nueva denuncia. Como ocurrió hace algunos días con el caso del ex canciller de la Iglesia, Óscar Muñoz —uno de las más influyentes figuras del Arzobispado—, quien al cierre de esta edición se encontraba en detención preventiva por los 180 días que durará la investigación tras ser formalizado por abuso sexual reiterado y estupro. Como consecuencia, el Fiscal Nacional Jorge Abbott ordenó designar fiscales preferentes en cada región para investigar abusos al interior de la Iglesia, lo que ha sido celebrado como un avance cuando por mucho tiempo imperó sólo la justicia canónica. Y tras un allanamiento al Arzobispado de Santiago se filtró una carta de monseñor Alejandro Goic a Ricardo Ezzati en 2013 donde le critica indolencia en los casos de abuso sexual: «No sólo es un pecado gravísimo, sino también un delito ante la ley civil. Nadie hoy puede mantener en silencio los abusos a menores. Quien lo hace se pone en situación de cómplices».
Desde ese encuentro con el pontífice a comienzos de mayo, el clero chileno comenzó a temblar. En un hecho inédito, citó a los 31 obispos chilenos al Vaticano y, al cabo de tres días, solicitó su renuncia. Tercera vez en la historia de la Iglesia que un Papa llama al pleno de los obispos de un país a viajar a la capital del mundo católico y les pide dimitir (tras Irlanda y EE.UU).
Al cierre de esta edición ya han sido aceptadas cinco renuncias: Alejandro Goic (Rancagua), Gonzalo Duarte (Valparaíso), Cristián Caro (Puerto Montt), Horacio Valenzuela (Talca) y Juan Barros (Osorno); los dos últimos ligados al círculo personal y —acusan los denunciantes— parte del entorno que protegió y conoció de cerca las perversiones de Karadima.
Pero todavía falta. “Por mí que salgan todos, debiera haber una renovación total, aunque entiendo al Papa y de hecho lo conversamos largamente: él quiere sacar a la mayoría pero no puede hacerlo de un día para otro, porque el daño ha sido tan brutal que es muy difícil encontrar gente buena para reemplazarlos, ¡es tremendo! Por eso está poniendo administradores apostólicos, porque no confía”, reconoce Juan Carlos Cruz.
LA CONFIANZA DE LAS VÍCTIMAS
El mismo año en que Cruz, Murillo y Hamilton hicieron pública su historia, crearon también la Fundación para la Confianza. Como nunca en estos ocho años las denuncias han ido en aumento; a las acusaciones contra sacerdotes —ya de distintas órdenes y diócesis— se han ido sumando casos en colegios y hogares. Hoy se han hecho cargo de defender a los menores internados en los distintos centros del Sename y crearon un observatorio que monitorea de cerca su situación.
En lo económico, sustentan su independencia apoyando a los colegios en la validación de sus sistemas de prevención de abuso sexual infantil. “Hemos ido desarrollando una metodología de análisis y acciones de intervención que resultan muy útiles para las comunidades escolares. Se busca prevenir el abuso, pero también detectar situaciones de vulneración y crear herramientas en el contexto mismo de cada colegio, para intervenir de manera oportuna y adecuada. Es importante porque es la única manera en que podemos continuar entregando asesoría gratuita a los más de 500 ca- sos de abuso sexual infantil que recibimos anualmente en nuestra fundación”, explica José Andrés Murillo, presidente del organismo, donde también se dictan diplomados especializados para entender el fenómeno abusivo y contar con herramientas de intervención. “Todo esto desde el paradigma que como fundación hemos construido, que es el de la confianza lúcida, es decir, no minimizar el abuso, por un lado, pero tampoco volvernos paranoicos. Se trata de una lucha desde la lucidez”, afirma.
En estos días la entidad firmó un convenio con el ministerio de Educación para actualizar la Políticas Nacional de Convivencia escolar. El convenio, de tres años, busca poner énfasis en buenas prácticas entre los distintos integrantes de la comunidad educativa.
Este 2018, además han asesorado a las mujeres que aseguran haber sido acosadas laboral y sexualmente por Nicolás López y Herval Abreu. Así, el número de personas que recurren a ellos suma y sigue: de 500 en el 2017, proyectan terminar este año con 700 casos. Y aunque han enfrentado episodios duros, como el robo de computadores en los días en que CARAS realizaba este reportaje, no descansan. Entre sus logros: la «Ley no me preguntes más” (que termina con la revictimización de los menores al tener que detallar una y otra vez sus abusos en los procesos judiciales) y la “Ley de imprescriptibilidad”.
En este reportaje, dan cuenta de sus nuevas luchas, las personales, marcadas por sus propias historias. El objetivo es uno: que Chile ponga fin a una larga y prolongada cultura del abuso.
JAMES HAMILTON:
‘El abuso infantil tiene que ser un asunto de salud pública’.
“Lo que pase con los obispos, cuánto se demoren en salir, es algo que me tiene sin cuidado; las cosas tomarán su tiempo. Para mí lo verdaderamente urgente es que el Estado se preocupe de los niños que han sido abusados, de las personas que han vivido eventos traumáticos en su infancia. Es fundamental que en Chile comience a operar la Ley de imprescriptibilidad con retroactividad”, dice James Hamilton, médico cirujano de la Clínica MEDS de La Dehesa, en lo que hoy es una batalla personal. Junto a otros reconocidos profesionales —como la sicóloga Vinka Jackson, los abogados Juan Pablo Hermosilla, Pablo Becerra y Nicolás Espejo—, James Hamilton ha ido al Congreso Nacional en Valparaíso para exponer sobre un asunto crucial y que, como lo describe en esta entrevista, ha estado lejos de ser considerado como un asunto de Estado, a pesar de sus repercusiones en la salud pública.
“Poco se habla de esto en Chile, pero la expectativa de vida de una persona que ha sido abusada en su infancia es 20 años menor que el promedio, y no necesariamente por la alta probabilidad de suicidio (que es 200% mayor), sino porque el abuso infantil desencadena a lo largo de la vida una serie de enfermedades orgánicas”. El especialista indica que esto se inicia por la atrofia de áreas cerebrales, donde además el efecto orgánico del trauma se puede transmitir de manera epigenética, al igual que otra serie de patologías, “por lo que tus nietos pueden vivir las consecuencias del abuso que sufriste cuando niña, desencadenando diabetes, infartos o depresión… El abuso es el mayor problema de salud pública que existe hoy en Chile y el mundo”. Y así lo manifestó en su presentación ante el Senado que dejó perplejos a los parlamentarios.
Hamilton lo ha estudiado por años, y se respalda en datos científicos recientemente publicados, como el que hace poco llevó en portada la revista Science, y que destacaba la importante investigación de un experto mundial en genética quien, utilizando una muestra de 13 millones de individuos, y tomando a cinco generaciones, determinó que los padres (la herencia genética) sólo influye en el 30% al momento de proyectar la expectativa de vida; el resto (“nada menos que el 70%”) la da el ambiente en que una persona se cría a lo largo de su historia, “donde influye el maltrato y el bullying como eventos fundamentales”.
Gran parte de los efectos que se producen tras experimentar situaciones traumáticas durante la niñez ocurren principalmente en el cerebro. “Hasta los 5 años las neuronas se multiplican y desarrollan, pero luego viene la preadolescencia y estas bajan de forma natural y la comunicación entre ellas aumenta. En una persona que ha su- frido abuso infantil la cantidad de neuronas es menor, y eso es por el cortisol y la adrenalina que produce el trauma. A su vez, también se deteriora la corteza prefrontal, que es donde se desarrolla la comunicación, la empatía y la inhibición de conductas de riesgo. Es lo que sucede, por ejemplo, con los niños que ingresan al Sename y después van a la cárcel: caen en violencia, situaciones de peligro, en hipersexualidad, drogas”.
Este médico compara dos imágenes tomadas mediante Spec (resonancia magnética con estímulo visual dirigido a la corteza occipital): “Aquí tienes a una persona que ha sufrido estrés traumático durante su infancia: todo desordenado; se parece al Spec de un consumidor de cocaína, donde el volumen del hipocampo (que con- trola la memoria, las emociones, la percepción témporo-espacial) está reducido de manera significativa. Esto es por el estupor que genera una sensación vital de que te vas a morir, que te cae un edificio encima, es lo que siente un niño al que están abusando, cuando un padre de 90 kilos le cae encima y lo viola. Eso es estupor, que daña el cerebro y la memoria pierde capacidad de registro, de ahí el bloqueo de los recuerdos. Y cuando la amenaza además es constante, de todos los días que un niño sufre abuso sexual, golpes o peleas en su casa producto de drogas, alcoholismo o violencia, es tan fuerte el impacto que el niño queda en situación de permanente alarma, y por efecto de la liberación de adrenalina y cortisol, el cerebro se daña. Imagínate a lo largo de los años…”.
Para Hamilton se trata de una lucha personal, y apoyándose nuevamente en su visión científica, observa: “¿Qué otras situaciones de permanente amenaza existen a lo largo de la historia? La esclavitud y la tortura. Ambas corresponden a violaciones a los DDHH, de ahí que el delito debiera ser inextinguible, una causa de lesa humanidad, aquí se funda nuestra pelea por la imprescriptibilidad. Mi alega- to entonces es que los eventos traumáticos de la infancia son nada menos que un asunto de salud pública y un derecho que debiera estar consignado a nivel constitucional. Saber que puedes denunciar es muy reparador para la salud mental y física, y eso está estudiado”.
Hoy James Hamilton, apoyado en el equipo de Fundación para la Confianza, ya ganó su primera batalla: el pasado 3 de julio el Senado aprobó por unanimidad la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores. Al cierre de esta edición, vencía el plazo para que los senadores realizaran las indicaciones al proyecto, para luego ser analizadas por las Comisiones de Constitución y la Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes. Uno de los puntos clave sería la retroactividad de la norma. Hamilton afirma: “Debiera ser retroactiva, lo que no tiene que ver con la pena sino con el derecho de la víctima, de manera que cualquier persona que fue abusada pueda, cuando se sienta capacitada física y mentalmente, denunciar”.
JUAN CARLOS CRUZ
‘El encubrimiento no prescribe’
“No siento odio, ni rabia… Nosotros abrimos un camino que hoy también pueden tomar otras personas, y eso ha hecho que valgan la pena todas las molestias, los dolores y los malos ratos. Lo haría mil veces más si puedo ayudar a otras personas. Si muero mañana, por lo menos dejé una marquita, un mundo mejor para mis sobrinos, para la gente que quiero”, asegura visiblemente emocionado el periodista Juan Carlos Cruz. Hoy levanta su bandera para que los sacerdotes abusadores y los encubridores paguen con penas efectivas.
“El encubrimiento no prescribe”, afirma sobre un tema que por estos días abre una luz de esperanza para las víctimas de abuso eclesial cuyas causas hoy están extinguidas para la Justicia.
Uno de los primeros en instalar este tema fue el abogado Juan Pablo Hermosilla, parte del directorio de Fundación para la Confianza y representante de Cruz, Murillo y Hamilton, entre otros, quien ha insistido en la tesis de una política sistemática de encubrimiento por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica frente a los delitos de abuso sexual.
En estos días, el propio fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias (quien investiga una red de abuso y encubrimiento en Rancagua, así como el caso del ex canciller de la Iglesia, Óscar Muñoz), asegura que incluirá el encubrimiento como un delito a perseguir y penalizar. Con penas efectivas que van desde los 3 hasta los 10 años de cárcel. Cruz enfatiza al respecto: “En vista de todo lo que hoy estamos presenciando, con esta cultura del abuso y del encubrimiento instalada en Chile, debieran aumentar las penas. Aquí imperó durante mucho tiempo una justicia paralela (se refiere a la ley canónica), que llamaba ‘faltas o peca- dos contra el sexto mandamiento’ lo que en realidad son delitos y crímenes; los castigaba con una vida de penitencia y oración, es decir, un castigo dorado”, sostiene este periodista, quien ha liderado la ofensiva comunicacional en contra de la curia chilena desde Estados Unidos, donde reside actualmente.
En los días en que se desarrolló este reportaje, Cruz —quien se encontraba visitando a sus familiares en Chile— se reunió con el fis- cal Arias. “Me alegra que existan fiscales que quieran actuar no sólo contra abusadores sino contra esta mafia corrupta de los obispos chilenos. Sería una maravilla ver desde Errázuriz a Ezzati y a varios obispos tras las rejas”, afirma sin temor.
—¿Hay pruebas que demuestren que ha habido una cultura de encubrimiento?
—El propio Papa habló en la carta que le envió a los 31 obispos —y que se filtró a los medios tras su visita al Vaticano— de destrucción de pruebas. Por cierto que los obispos no querían que esa carta se hiciera pública porque era muy favorable a las víctimas (desde el punto de vista legal), pero el Papa dijo: o se conoce entera o nada, y como no quisieron, entonces misteriosamente se filtró. Agradezco a quien lo haya hecho.
Cruz explica que no se trataría sólo de destrucción de pruebas, también de mecanismos sistemáticos de silenciamiento, como trasladar a los responsables de parroquia, de diócesis o hasta de país; y acallar a las víctimas mediante amenazas o pagos. Asegura que serían estrategias que también estarían presentes en el caso del ex canciller de la Iglesia, Óscar Muñoz. “Evidentemente que Errázuriz, Ezzati y los obispos auxiliares tenían conocimiento de que este señor era un abusador y, sin embargo, ahí estaba de canciller en el Arzobispado. Es espantoso, tomaba las denuncias de gente como nosotros y después abusaba de niños; hay antecedentes de que esto venía al menos desde 2002. No sé si exista palabra que pueda definir el asco y la rabia que me produce este hombre al igual que los obispos de Chile. ¡Cuánto daño y dolor han provocado! Esto no tiene perdón de Dios”.
A los allanamientos efectuados en la sede del Tribunal Eclesiástico de Santiago y del Obispado de Rancagua a mediados de junio, liderados por el fiscal Emiliano Arias, se suma la solicitud por parte del fiscal Guillermo Adasme (quien investiga el Caso Maristas) de que el Vaticano aporte los informes que realizaron los enviados papales Charles Scicluna y Jordi Bertomeu. Aunque estarían bajo protección del llamado secreto pontificio.
Juan Carlos Cruz suma el trabajo realizado por la jueza Jessica González, quien en 2011 acreditó los abusos de Karadima (sobreseyó la causa porque los delitos estaban prescritos). En su sentencia, redactó en detalle cómo los cardenales y obispos auxiliares bloquearon las denuncias. “Fue muy sabia al documentarlo; ahora ese trabajo se pueden utilizar en futuros juicios”. Cruz agrega: “Con que Errázuriz y Ezzati pasen un solo día en la cárcel para mí sería un triunfo enorme”.
JOSÉ ANDRÉS MURILLO
‘Necesitamos una ley de protección integral para los niños’
Después de casi 20 años de lucha por imponer su verdad frente al ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima, hoy el filósofo José Andrés Murillo está jugado por que los niños cuenten con una ley de protección integral que cautele sus derechos.
“En Chile existe una cultura abusiva que ha ido quedando al descubierto con los años. Hoy recién estamos atreviéndonos a llamar abuso a las violaciones a los derechos de las personas, encubrimiento para referirnos a las operaciones de silencia- miento. Durante mucho tiempo aquí las cosas no se decían por su nombre, ‘jurel tipo salmón’. Por ejemplo, todos sabemos que en el Sename existen violaciones a los DDHH, sin embargo, hemos vivido una suerte de anestesiamiento ante el abuso sexual, una cierta indolencia frente a este tipo de situaciones que son humanamente inaceptables”, asegura el filósofo y presidente de la Fundación para la Confianza, José Andrés Murillo.
Su principal pelea es que Chile cuente de una vez por todas con una Ley de Protección Integral Infantil, que haga efectiva la Convención Internacional de los Derechos del Niño: “Primero con mecanismos que garanticen estos derechos, con llegada territorial, fortaleciendo a las actuales OPDs (Oficinas de Protección de Derechos), dándoles autonomía respecto de las Municipalidades, y que existan en cada rincón de nuestro país, tal como ocurre con las del SII o la Dirección del Trabajo, donde los sindicatos levantaron la voz y consiguieron que el Estado protegiera sus derechos ante un posible abuso económico o laboral. Pero los niños no tienen sindicatos, no salen a la calle a marchar, y no obstante el respeto a su integridad debiera estar por sobre todo. Ese es nuestro rol, ser voz de los que no tienen voz, de los que han sido sistemáticamente silenciados, invisibilizados y que sin embargo tienen que seguir viviendo”.
Murillo, visiblemente molesto, agrega: “Hace un tiempo hablamos con los encargados de la oficina de fiscalizaciones del Sename respecto de cómo evalúan el cumplimiento de los derechos del niño, ¿y qué nos dijeron?: ‘Ah, eso nunca lo hemos pensado’, que lo que ellos evalúan es el cumplimiento de las bases de licitación y las platas. Punto”.
En 2016 la Unicef publicó un duro informe respecto de la situación de los niños en el Sename, dando cuenta de un total de 185 muertos bajo la protección del Estado, contradiciendo las cifras dadas por el gobierno, bastante menores. El organismo recomendó la aplicación de una serie de medidas urgentes. “Nosotros en su momento también quisimos averiguar con exactitud cuántos niños han muerto bajo el supuesto cuidado de esta institución ¡y no sabían! Se hablaba de ‘stock’, una total falta de humanidad. Sé que hay gente muy comprometida en el Sename, pero sigue siendo una tierra indómita, atravesada por poderes ocultos que se resisten a un cambio verdadero y que apunte a los derechos de los niños en primer lugar. Cuando ocurre un caso terrible se buscan chivos expiatorios: sacar a la ministra o al director. Claro que existen responsabilidades políticas y alguien tiene que responder, pero quedarnos nada más que con eso no lleva a un cambio de estructura. Es un cambio que sólo es posible si se lleva una estrategia en todos los planos: leyes, medios de comunicación, redes sociales, justicia. Educar en la empatía y no únicamente en matemáticas. Formar para cuidar y no solo para rendir.
“Por eso acá en la fundación siento que estamos cambiando el mundo. Hace diez años había muy pocos profesionales especializados en abuso (abogados, filósofos, sicólogos). Ahora, por suerte, somos más. Nosotros mismos nos dedicamos a formar de manera especializada en estos temas. Con emoción te digo que estoy tan orgulloso de lo que hacemos aquí. Nos faltan recursos porque las víctimas son miles y los servicios que apoyan son poquísimos, pero ya lo lograremos”.