El autor de «Historia del Despojo», la exitosa investigación sobre la ocupación del territorio mapuche, advierte: «Por el bien del país, espero que no gane el Rechazo; sería darle la espalda una vez más a la historia de Chile y de los pueblos que habitan el país. La nueva Constitución no implica poner en riesgo la unidad de la patria”.
Por Lenka Carvallo
En su casa en las cercanías del Fuerte Niebla en Valdivia —uno de los últimos enclaves españoles durante la Guerra de Independencia— el historiador Martín Correa Cabrera se para a atizar el fuego y regresa con un cigarro. Se ve serio al hablar de lo que él describe como “la historia sucia, negada, invisibilizada tras la usurpación y despojo de los territorios ancestrales mapuche”. Y, aunque se abstiene de entrar en juicios políticos (“en nada tienen que ver con mi labor académica”), ad portas del plebiscito constitucional y el recrudecimiento de los atentados en la macrozona sur (Biobío y Los Ríos), sostiene: “Todo esto es el fruto de una historia pendiente. El proceso de usurpación y ocupación a la fuerza está muy presente en la memoria del pueblo mapuche”.
Historiador de la PUC, con un doctorado en Antropología en la Universidad Católica del Norte, Correa sabe de lo que habla. Su última investigación, «Historia del Despojo, el origen de la propiedad particular en el territorio mapuche», desde su lanzamiento en 2021 lideró por meses el ranking de los libros más vendidos y ya suma siete ediciones y 21 mil ejemplares impresos. Además la Asociación de Librerías Independientes lo escogió como libro del año.
En su investigación, Correa recurrió a una serie de fuentes documentales: los archivos de los conservadores de Bienes Raíces desde Valdivia hasta Chiloé, el Archivo General de Asuntos Indígenas, las memorias de los ministerios de Guerra y de Tierras y Colonización; prensa y libros de la época, entre otros. Pero muy especialmente a las memorias de las propias comunidades indígenas respecto del pro- ceso de ocupación que se desarrolló entre 1870 y 1910, en el territorio mapuche que va desde el Biobío hasta Chiloé. “Quise reconstruir el pasado desde lo mapuche, a través de su memoria que es considerada como fuente de conocimiento, y también de fuentes documentales clásicas. Ambas fueron sometidas al mismo análisis de forma y fondo. Hasta ahora nadie ha des- mentido o cuestionado mi trabajo. Todo lo que se plantea en el libro corresponde a una verdad histórica”, señala el también autor de otros ocho libros, entre ellos, «Territorio y comunidades pehuenches del Alto Biobío» (1996) y «La Reforma Agraria y las tierras mapuche» (2010), todos antesala de «El Despojo».
—Dices que se trata de la historia negada, la que no está en los libros. ¿Una invisibilización por motivos ideológicos?
—La intención fue esconder esta parte de la historia sucia de Chile, una historia que tiene que ver con la muerte, la violencia y el despojo en la forma en que se desarrolló la propiedad particular del Biobío al sur. En la historiografía “tradicional-conservadora” se establece que primero estaban los araucanos, luego llegaron los españoles, los chilenos y los colonos. Pero no estaba contado el rol que tuvo el Estado en el proceso de apropiación y de expulsión descarnada y violenta contra el pueblo mapuche. Y si bien hay historiadores que lo han rescatado, como José Bengoa o Jorge Pinto, hay situaciones de violencia grave que no están en los libros, como la matanza de Forrahue, en San Juan de la Costa, Osorno. O lo sucedido en Pailemán, donde a los mapuche los marcaban como animales. Nada de esto forma parte de la historia oficial de Chile. Que todo se callara, tiene que ver con una intencionalidad política y económica.
Y sigue: “Hablamos de una propuesta de desarrollo de país que no integra al pueblo mapuche en sus derechos territoriales. Es la tesis de la guerra donde el invasor gana y ese es el precio de la victoria. Entonces es un pasado que se niega interesadamente. Además porque quienes están involucrados pertenecen a la oligarquía local, regional y nacional”.
—¿Hubo complicidad de los historiadores tradicionales, por ejemplo, de figuras como Gonzalo Vial Correa?
—Claramente; pienso en él y también en Sergio Villalobos (premio Nacional de Historia). Yo estudié Licenciatura en Historia en la Universidad Católica y luego hice un doctorado en Antropología y esto no se enseñaba. Sin embargo, es parte de la historia fundamental en la memoria de las comunidades mapuche. Un acervo transmitido a lo largo de tres generaciones de abuelos a sus nietos. Y para un pueblo con memoria, como el mapuche, todo esto ocurrió ayer. No se sabría nada del holocausto nazi contra el pueblo judío si no fuera por la memoria histórica.
—¿El pueblo mapuche vivió su propio holocausto?
—Por supuesto, acá también hubo persecución, matanza y muerte. En Malleco fue brutal; colgaban mapuches del viaducto para amedrentar a la resistencia. También fue una guerra de hambre, con rapto de animales, quema de pastizales. Todo esto, insisto, está en los registros de la época, la información es pública.
«El reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas es algo que han venido prometiendo cada uno de los candidatos desde fines de la dictadura hasta nuestros días. Chile y Uruguay son los únicos países de Latinoamérica que todavía no lo tienen”.
—En el libro dices que existió una “ideología de la ocupación”.
—Lo planteó en su momento el profesor Jorge Pinto. Afirma que para ampliar la presencia en el territorio, se divulgó falsa e interesadamente que los mapuche eran flojos, borrachos y bárbaros, por lo tanto, el Estado chileno era el que tenía mayor derecho a ocupar este territorio para llevar adelante sus proyectos de desarrollo. Ahí nace la idea del Estado unitario de Diego Portales, que generó un enorme daño; un Chile habitado solo por chilenos, todos con un mismo Dios, un mismo idioma, una misma religión, que tiene una misma forma de concebir el territorio. Pero resulta que Chile está compuesto por los pueblos indígenas, que tienen su propia cosmovisión, su propia forma de ocupar los espacios, de relacionarse entre sí. Pero no se les reconoce hasta el día de hoy. Ni siquiera están mencionados en la Constitución.
Molesto, prosigue: “El reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas es algo que han venido prometiendo cada uno de los candidatos desde fines de la dictadura hasta nuestros días. Chile y Uruguay son los únicos países de Latinoamérica que no lo tienen”.
—La propuesta constitucional ha sido calificada de “indigenista” por reconocer las distintas autonomías territoriales, judiciales y su derecho a consulta.
—Lo que hizo la Convención fue poner lo mismo que establece la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Asamblea General de la ONU, o el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Ambos firmados por el Estado chileno pero que, sin embargo, no se aplican. Son los mismos instrumentos suscritos por países que sí lo cumplen, como EE.UU., Canadá, Nueva Zelanda, referentes económicos de desarrollo de nuestros sucesivos gobiernos.
—¿Por qué se han ignorado estos compromisos?
—Porque se estarían tocando intereses económicos muy fuertes que hasta ahora han permanecido indemnes, donde entran en contradicción la legalidad de sus papeles con la legitimidad de la demanda mapuche. Estos documentos se originan de una acción fraudulenta, de mala fe, que redujo de 10 millones de hectáreas a 500 mil hectáreas las tierras mapuche, es decir, el 5% de su ocupación ancestral y se los traslada a “reducciones”, lejos de las mejores aguas, de las mejores tierras y de sus territorios ancestrales. De ahí siguen las corridas de cercos, la alcoholización y engaños a las familias mapuches, donde se pierden otras 100 mil hectáreas más. Sin embargo, en la memoria mapuche, los deslindes antiguos continúan vivos.
—¿Esta negación de la historia, así como la ausencia de reconocimiento constitucional, explica la violencia a niveles críticos que hoy se vive del Bíobio al sur?
—Es el fruto de una historia pendiente. Las comunidades plantean que hay una violencia originaria del Estado chileno respecto de su pueblo y que sería el origen y la base argumental de la actual demanda territorial. Es lo que responden las organizaciones.
—¿Pero de ahí a la violencia, el robo de madera, las armas?
—En eso no me meto. Son opiniones políticas que poco tienen que ver con mi trabajo como académico. Mi interés es simplemente relatar la historia negada. Los efectos que esto haya tenido son parte del proceso político e histórico que desarrolla cada país, cada territorio.
—Los mapuches que apoyan el Rechazo afirman que, en caso de aprobarse la Constitución, esta traerá incertidumbre y más estigmatización.
—Por el contrario, así como está planteada la actual Constitución, seguirá generando cada vez mayor incertidumbre. Es una campaña de terror.
—Hace algunos días se publicó la encuesta CEP donde entrevistaron a cerca de 3 mil mapuche. Llamó la atención porque la mayoría manifestó no querer un Estado plurinacional y se mostró muy en desacuerdo con un Estado mapuche independiente.
—No lo he visto.
—¿No se contradice con el propósito que hubo al redactar el texto constitucional?
—Esta es una encuesta del CEP. No sé si tendrá su sesgo, además en el tiempo previo a la votación del 4 de septiembre. Tendrá que ver con crear un ambiente contrario a la Constitución que se propone y que precisamente se refiere a esos temas. Hay que enfrentar la restitución y el reconocimiento de los pueblos por el bien del país.
—¿Qué pasa si gana el Rechazo?
—Espero que eso no pase, por el bien del país. Sería darle la espalda una vez más a la historia de Chile y de los pueblos que habitan el país. Hacer de Chile un país en serio, amable, multicultural, no implica poner en riesgo la unidad de la patria.
Sobre nuestra historia reciente, Martín Correa afirma que sólo con la Reforma Agraria se intentó reconstruir parte im- portante de las unidades territoriales existentes previo a la ocupación militar en la Araucanía. “Pero vino el golpe de Estado con un nuevo reguero de persecución y muerte contra los dirigentes mapuche y sus familias. Los títulos se quedaron en poder de la CORA, que dependía de la Corfo. Y Julio Ponce Lerou, yerno de Pinochet, remata las tierras a las forestales a precio de huevo. De la mano viene el decreto 701 que establece que las tierras son inexpropiables, exenta de contribuciones y se bonifica el 75% de la plantación. Un negocio redondo. Es ahí cuando viene la gran invasión forestal a través de empresas como Mininco y Millalemu. Luego aparece Arauco y se adueñan de 3,2 millones de hectáreas”.
—¿Cambiaron en algo las cosas con la llegada de la democracia?
—En 1993 se dictó la Ley Indígena, aprobada por unanimidad en el Congreso y que establece que las tierras mapuche son inembargables, no enajenables, que sólo se pueden vender entre la misma etnia, sin gravámenes, entendiendo por es- to puentes, ductos, cañerías, represas. Pero Eduardo Frei Ruiz-Tagle, le pasó por encima al aprobar la realización de la central Ralco aplicando la Ley de Concesiones Eléctricas en su último día de mandato, en Cerro Castillo. Él tenía un tremendo conflicto de interés porque era uno de los mayores accionistas de Sigdo Koppers, que estaba a cargo del diseño electromecánico de la represa. Al día siguiente asumió Ricardo Lagos, quien se lavó las ma- nos y aplicó la autorización firmada por Frei. Ralco se construyó a la fuerza; la presión que se ejerció sobre las familias del Alto Biobío fue brutal. Se inundó el cementerio. Todo esto afectó a las comunidades ribereñas hasta la salida del Biobío en Concepción; cambió el sistema hídrico, la salida de las aguas, ya no hay peces, es un agua muerta.
—¿Se avanzó con Bachelet I?
—También hubo violencia y muerte con los asesinatos de Alex Lemún y Jaime Mendoza Collío, quienes reivindicaron la ocupación de sus tierras ancestrales en Ercilla y fueron asesinados por carabineros que hoy gozan de la más absoluta impunidad.
—Sebastián Piñera también fue apuntado por la adquisición del Parque Nacional Tantauco, en Chiloé, que antes fue territorio huilliche.
—Tiene el mismo pecado de origen. Las tierras fueron reconocidas en dominio de este pueblo por la corona española en 1823. En el Tratado de Tantauco —que coincidentemente lleva el mismo nombre que la propiedad de la familia Piñera, lo que indignó a las comunidades— establece el respeto por los derechos y los bienes de los habitantes de la isla grande de Chi- loé. Fueron tierras mal habidas en su origen. Es como si te robaran un auto, pasaran 10 años y te encuentras con una persona manejándolo; se lo reclamas y te dice que no, que lo compró, y antes de él hubo otro que lo compró y así. ¿El auto deja de ser tuyo? Bueno, algo así es lo que sucede con Piñera y tantos otros en esta cruda historia del pueblo mapuche