A dos años del asesinato del empresario Alejandro Correa –en la puerta de su casa en Concón por un sicario–, su hija lucha por hacer justicia. Ya hay cuatro condenados con penas de cárcel, pero sabe que arriesga su vida ante una mafia que lucra con la usurpación y venta ilegal de terrenos. Valentina también es directora de la Fundación Para la Confianza y habla del caso de Felipe Berríos, cuando las denuncias por abuso sexual se siguen sumando.
Por Lenka Carvallo Fotos Maglio Pérez
Valentina Correa (33 años, magíster en intervención social) mira de frente y se emociona. “Todavía sueño con mi papá. Cada vez que lo veo, me pasa lo mismo: estamos en cualquier cosa cotidiana y de pronto me acuerdo que no está vivo, y lo único que hago es abrazarlo, tocarlo, sentir su olor. Lo que más me duele es la nostalgia de no tenerlo conmigo. Extraño mucho el contacto físico con él”.
Hace dos años el ingeniero comercial Alejandro Correa, entonces de 60 años, fue asesinado en la puerta de su casa en Concón por un sicario. A partir de ese día Valentina –quien es directora de la Fundación Para la Confianza (FPC)– ha luchado incansablemente por hacer justicia. No solo se convirtió en la vocera de la familia frente a un caso que en 2020 era un delito inusual en Chile, sino que también investigó las motivaciones tras la muerte de su papá y reunió una serie de pruebas que aportó a la Fiscalía y a la Brigada de Homicidios. Con el abogado Juan Pablo Hermosilla han trabajado codo a codo en estos dos años de proceso judicial.
El 20 de abril, la familia obtuvo su primer triunfo. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar condenó a los cuatro responsables del homicidio: al sicario Víctor Gutiérrez (28 años de cárcel); al autor intelectual, Renato López (20 años); al chofer que movilizó al asesino, Claudio Riveros (a 16 años), y a la pareja del sicario, Melissa Palma (a 6 años).
“No me imagino estar de pie, a dos años de la muerte de mi papá, sin haber pasado por el proceso judicial con estos resultados. Si no supiera lo que pasó, por qué lo mataron, quién lo hizo, sería imposible reconstruirme…”, reconoce Valentina.
“Pero este no es un punto final. Más bien es un punto aparte, porque ellos apelaron y ahora debe pronunciarse la Corte Suprema. Además, todavía sigue pendiente la arista judicial por el terreno de mi padre en Quilpué”, agrega sobre el móvil del crimen: la usurpación y venta irregular del terreno en la Quinta Región donde hay un solo formalizado, Luis Alarcón, por el delito de loteo irregular, en el marco de la querella por usurpación que Valentina Correa y su padre interpusieron en abril de 2021. “Pero no arriesga cárcel… solo una multa. Tiene una orden de no entrar al terreno, pero nada más”, comenta.
Esto, a pesar de que todos los hechos demuestran la relación con el sicariato: “Renato López –el autor intelectual– tomó parte del terreno el 2017. Luego Alarcón se apropió del resto. Mi papá se entrevistó con él en ese mismo lugar. Él estaba preocupado con lo que estaba pasando. El jueves antes de que lo asesinaran, redactamos juntos una presentación ante la Fiscalía, enviamos el correo y el lunes lo mataron. Cuando mi papá agonizaba en el hospital, le dije: voy a seguir con esto. Me parecía humillante que además lo perdiéramos todo sin saber bien quiénes estaban detrás ni por qué”.
En el juicio, cuenta Valentina, se mostraron escuchas telefónicas entre Alarcón y López, posteriores al crimen… “Se reían de mi papá; decían que quizás podrían haberle puesto ‘toma Correa’”.
Hace una pausa y agrega:
–Entonces me hace mucho sentido esta pelea que estoy dando… Tampoco quiero que esto monopolice mi vida ni volverme una persona amarga; no es lo que mi papá habría querido para mí. En esto estoy, intentando encontrar el equilibrio…
–¿Cambió algo en tu estado anímico con la sentencia?
–Me ha ayudado a descansar, a conectarme con la pérdida y esa nostalgia de saber que la persona que amas ya no está… Antes me había centrado en hacer justicia y tomar la posta que había iniciado mi papá…
–Entonces tu duelo fue más bien intelectual, por así decir.
–Soy una persona racional y cada uno enfrenta sus experiencias con las herramientas que tiene. Mira… Esto nunca lo he contado, pero en paralelo con mi búsqueda de la verdad, empecé a escribir un diario para conectarme con la pérdida, con lo que sucede cuando alguien que has amado tanto muere de una forma tan violenta… Ese diario se convirtió en mi manera de tramitar el duelo. Ahora que se cumple un ciclo, quiero revisar esos textos.
–¿Piensas publicar?
–Lo estoy pensando… Quizás imprima un libro yo misma y lo comparta con mi familia y las amistades de mi papá. Será una forma de cerrar un capítulo.
“Los gobiernos han sido ineficientes y no han tenido la capacidad de reconocer que no cuentan ni con las capacidades ni los recursos técnicos para enfrentar a estas mafias”.
Mayo es un mes potente para Valentina Correa. El 18 del mes se cumplieron dos años desde la muerte de su papá. También ya son cinco años desde que entró en la Fundación Para la Confianza como jefa de proyectos. Hoy Valentina –que estudió salud integrativa y ahora está por terminar su licenciatura en Sociología en la Universidad de Chile– es directora ejecutiva de la organización creada por el médico cirujano James Hamilton, el periodista Juan Carlos Cruz y el filósofo José Andrés Murillo. Los tres valientes que en 2010 denunciaron haber sido abusados a lo largo de años por el poderoso sacerdote Fernando Karadima. El caso destapó la impunidad en que –con el mismo modus operandi– decenas de religiosos de distintas congregaciones a lo largo del país dejaron a su paso a centenares de víctimas y círculos de protección a partir del propio Arzobispado.
–Solo el año pasado la Fundación recibió 700 casos de abuso, no únicamente eclesiásticos. ¿Cómo haces para afrontar tanto dolor?
–La experiencia que he vivido me ha permitido empatizar y reafirmar que el trabajo que hacemos en la fundación es tremendamente importante, que lo que hago vale la pena. Me he podido apropiar mejor del lugar que ocupo después de la experiencia traumática que hemos vivido como familia. No habría podido enfrentar estos dos años si no fuera por mis compañeros, que son abogados, psicólogos, trabaja- dores sociales, que me cuidaron mucho y me dieron la fortaleza para llevar este proceso de la mejor manera posible. Si no hubiese estado acá, seguramente no habría podido acceder a un abogado como Juan Pablo Hermosilla (director de la FPC y uno de los mejores penalistas del país); él no habría tenido la agenda ni yo las lucas. Esta fue una bala que también entró en la Fundación.
–Cuando mataron a tu papá, los asesinatos por encargo eran una rareza. En el transcurso de estos dos años suelen acaparar titulares en la prensa…
–Cuando esto ocurrió, rápidamente se estableció que había sido un sicariato. Yo no sabía lo que significaba esa palabra. Me convertí en la protagonista de algo que no estaba en mi mundo; fue como si me desdoblara. Entré en una cueva y luego de dos años estoy saliendo a un mundo que no es el mismo que dejé, que es diferente, inseguro… Mi papá era un hombre maravilloso y quiero honrarlo siendo feliz con mi familia, todavía me quedan muchos años por vivir, pero no ayuda ver que estamos con muchas armas y balas. Se me ha acercado mucha gente que me dice que ha sufrido situaciones violentas o están preocupados por lo que ven en las noticias. En las personas hay un sentimiento de decepción, de desesperanza, de una impotencia muy grande. Los gobiernos han sido ineficientes y no han tenido la capacidad de reconocer que no cuentan ni con las capacidades ni los recursos técnicos para enfrentar a estas mafias.
Y sobre la usurpación de los terrenos de su papá en Quilpué, señala:
–Lo material para mí no tiene importancia. Pero es una pésima señal que el Estado no intervenga en un negocio delictivo que se sigue reproduciendo a lo largo del país. A mi papá lo mataron para quedarse con su terreno, y si nosotros no recuperamos esa propiedad, ¿cuál es la señal que se está dando? ¿Qué queda para otros en la misma situación, que también se sienten amenazados y están pasando por casos súper complejos?
–¿Hay abandono por parte del Estado?
–Absolutamente. Las personas que están en esos loteos saben que están en un terreno que está manchado con sangre, pero también tienen la certeza de que no les va a pasar nada. Luis Alarcón, que es quien se tomó el resto del terreno y también estuvo tras la muerte de mi papá, está formalizado por otro delito, por loteo irregular, en el marco de la querella por usurpación que con mi papá interpusimos en abril de 2021. Dos semanas antes, él y su gente habían entrado con maquinaria, con un topógrafo, delimitaron parcelas de 500, 600, 700 metros… y esta persona que se presentó a hablar con mi papá le dijo: yo me llamo Luis Alarcón y soy “asesor de tomas”. Dos meses después del asesinato incluso dio una entrevista a El Mercurio, diciendo que él no tuvo nada que ver y a la vez reafirmando que esa era su actividad. Es esta impunidad la que destruye las democracias. Son mafias que se amparan en la crisis habitacional y en el dolor de la migración.
Cuando mataron a su papá, Valentina Correa se enfocó en que se hiciera justicia y se procesara a los homicidas. “Me olvidé del terreno, pero a medida que yo iba realizando todas las acciones legales, administrativas y judiciales, fueron proliferando casas, algunas muy precarias, pero con los 10% empezaron a aparecer otras con radier y paneles solares”.
Valentina fue al Ministerio del Interior y se reunió con el entonces subsecretario Juan Francisco Galli. En el Ministerio de Vivienda la recibió Felipe Ward. “Se encogieron de hom- bros. Lo que me transmitían era: este es un problema suyo; si no se la puede, dedíquese a otra cosa…”.
En los días en que se realizó esta entrevista, Valentina y su abogado se reunieron con Pía Castelli, jefa de gabinete del actual ministro de Vivienda, Carlos Montes. “Yo creo que me fue peor, porque me miraron con cara de pobrecita, pero no hay nada que podamos hacer”.
–Entre tantas gestiones, tienes que haberte convertido en un símbolo y también una figura peligrosa para estas mafias. ¿Te han amenazado?
–Estas han sido las discusiones más profundas que hemos tenido como familia: cuál es el límite. A diferencia de mi papá, él no sabía a lo que se enfrentaba. Yo sí. Y cuando eres consciente de que por tus gestiones el sicario y el autor intelectual pasarán una buena temporada en la cárcel, por venganza podrían hacerme daño. Ellos se nutren de la impunidad que les da el Estado y desde la cárcel su negocio sigue… Entonces no sé si soy valiente, terca, ingenua o todas las anteriores. Durante el juicio, el sicario estuvo a dos metros mío. Y por un tarotista que atestiguó en la audiencia me enteré de que Alarcón mandó a que me hicieran brujería a mí y al fiscal. “Hagamos que esta h… peine la muñeca”, así tal cual. Querían desacreditarme.
Retoma:
–En la soledad de la almohada a veces digo: si me llega a pasar algo, creo que ya no valdría la pena vivir en este mundo… Luego pienso: a ver, hemos sufrido demasiado como familia para exponernos a que nos ocurra algo. Tengo dos sobrinas, una acaba de nacer, tengo demasiadas razones por las cuales vivir. Me queda mucho por delante. Mi papá habría querido verme feliz.
DENUNCIAS CONTRA FELIPE BERRÍOS
“SON RELATOS QUE DE TODAS FORMAS CONSTITUYEN SITUACIONES DE ABUSO”
A comienzos de mayo, la Fundación para La Confianza (FPC), presentó una denuncia canónica ante el Arzobispado de Santiago por un presunto abuso sexual contra el conocido sacerdote jesuita Felipe Berríos, una de las figuras más emblemáticas de la Iglesia Católica en Chile.
La denunciante, hoy de 32 años, se acercó a la FPC en noviembre de 2021 y relató lo que vivió cuando era menor de edad. La Compañía emitió un comunicado y Berríos fue suspendido del ejercicio religioso mientras se desarrolle la investigación.
Al cierre de esta edición, otros cuatro testimonios se sumaron en contra del sacerdote; dos respaldando la versión de la primera víctima y dos nuevos casos, ambos por abuso, antes de cumplir los 18 años.
“Cuando hacemos una denuncia no ponderamos quién es el agresor o el lugar que ocupa. Lo atendemos como cada uno de los 700 casos que recibimos anualmente”, señala Valentina Correa, directora ejecutiva de la FPC.
“Comparto que es un caso que a muchos les duele; las personas depositaban su confianza y su esperanza en él. He escuchado a muchos decir ‘parece que no se salva nadie’. Duele porque, cuando casos así resultan ser ciertos, también se pierde su obra, que en el caso de Berríos ha sido muy valiosa… Se parece mucho al caso de Cristián Precht, que encabezaba la Vicaría de la Solidaridad en la dictadura, cuyo trabajo se derrumbó cuando se descubrió que tenía otra cara… Lo de Felipe Berríos está en investigación y hay que esperar que la Justicia se pronuncie, pero a nuestro parecer to- das las denuncias que hemos recibido hasta ahora constituyen situaciones de abusos.
–Debe haber sido difícil para ellas desenmas- carar a una persona tan querida (y con tanto poder) dentro de la comunidad católica…
–Solo puedo decir que lo que he visto en este caso no es un ánimo contra la Iglesia, sino que, todo lo contrario, es contra el abuso. Comparto la decepción de que con esto caiga la Iglesia, pero como fundación siempre decimos que nuestra lucha es contra el abuso, no contra la institución, aunque los casos más conocidos provienen de ahí. Lamentablemente hay muchos sacerdotes que se manchan por el actuar de unos pocos..