Se especializó en delitos violentos en la Metropolitana Sur, persiguió el tráfico de migrantes en Arica y desde el 2024 es la primera mujer en el cargo de Fiscal Regional de Tarapacá, la zona caliente del crimen organizado en Chile, que fuera la puerta de entrada del Tren de Aragua. “Cada día hay más crueldad”, dice. La abogada también habla de la porosidad de los 410 kilómetros de frontera con Bolivia y advierte de la necesidad urgente de limpiar las instituciones, antes de que sea demasiado tarde.
Por Lenka Carvallo Giadrosic
Entrevista publicada en Suplemento Sábado de El Mercurio, 27 de diciembre de 2025.
Trinidad Steinert Herrera lleva la boca muy roja y la piel blanca, casi traslúcida, que contrasta con el sol y la tierra seca de Colchane. Habla rápido y en sus expresiones se adivina una mujer acelerada, ya habituada a dar órdenes, apremiada por la urgencia de sacar adelante una tarea gigantesca: combatir la delincuencia en la frontera norte de nuestro país, en los 410 kilómetros que demarcan el límite con Bolivia.
En febrero de 2024, Steintert fue la primera mujer en asumir la Fiscalía Regional de Tarapacá, la «puerta de entrada» de las organizaciones criminales a Chile, como ella misma la describe. Su irrupción quebró la hegemonía masculina en los altos cargos del Ministerio Público en la zona, al que llegó después de una carrera como fiscal adjunta en la Metropolitana Sur —donde se enfocó en delitos violentos— y también fue fiscal jefe de la Fiscalía de Arica y Parinacota, especializándose en el tráfico de migrantes.
En lo gremial, fue vicepresidenta de la Asociación Nacional de Fiscales y vicepresidenta de la Asociación Latinoamérica de la misma, donde una de sus batallas fue la igualdad de género.
“Antes, en la foto oficial de los fiscales regionales había casi puros hombres. Hoy somos varias mujeres: Claudia Perivancich, en Valparaíso; Tatiana Esquivel, en Los Ríos; Carmen Gloria Wittwer en Los Lagos; Lorena Parra en la Metropolitana Oriente. Y yo”. Cuenta que antes los jueces de la Corte de Apelaciones, a cargo de confeccionar las ternas cada vez que se producían vacantes, no las las seleccionaba. Y muchas mujeres no se atrevían a postular. “Todavía pasa. He escuchado a colegas decir: ¿para qué, si no me van a nombrar?». También está la realidad de la crianza…”.
Hace una pausa. Mira directo con sus ojos claros maquillados con delineador. Apunta: “Siempre he creído que los hombres se protegen entre ellos; como no quieren perder su posición de poder, suelen tratar de que ascienda su par masculino. Es una defensa natural del status quo”.
Trinidad llevaba 16 años en la Fiscalía Metropolitana Sur cuando en el 2021 se abrió el llamado para encabezar esa repartición. “En la terna quedaron sólo hombres y yo salí cuarta. Fue un golpe duro. El Fiscal Regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, me invitó a ser su fiscal jefe. Mis hijas ya eran grandes y me fui a vivir sola al norte”. Permaneció en Arica hasta fines del 2023, cuando esta vez se abrió el concurso para encabezar la Fiscalía Regional de Tarapacá. “Mi trabajo en la frontera ya era conocido y postulé. Siempre he creído que la vida me preparó para esto”.
El arribo de Trinidad Steinert coincidió con un momento clave en la historia del combate a las organizaciones criminales en Chile: el primer juicio contra 12 miembros del Tren de Aragua en Chile. Varios de sus fundadores estaban en el banquillo: los venezolanos Carlos Leandro González Vaca, alias Estrella, quien tuvo a su cargo instalar la primera célula en el límite entre Chile y Bolivia; Hernán David Landaeta Garlotti, alias Satanás, uno de los principales sicarios de la banda; y Javier Valencia González, alias Zeus, exguerrillero colombiano de las FARC que operaba su propia banda criminal desde un campamento en Antofagasta, vinculado con el Tren de Aragua.
“La banda fue sentenciada por 39 delitos, entre ellos asociación ilícita, tráfico de migrantes, tráfico de drogas, secuestro, amenazas extorsivas, lavado de activos, homicidio calificado, trata de personas con fines de explotación sexual y tenencia ilegal de armas de fuego. El juicio duró meses. Ahora estamos preparando uno contra Tren de Aragua 2, con cerca de 30 integrantes, y tramitando la extradición de Larry Changa, cofundador del Tren de Aragua”.
Toma un poco de agua y prosigue:
“También desarticulamos a «Los Chotas», una organización colombiana que cometió un triple homicidio brutal, torturando a las víctimas en una casa en Alto Hospicio y abandonando los cuerpos en el cementerio de perros en Iquique”.
—¿No la afecta trabajar con delitos tan sórdidos?.
—Estoy acostumbrada. Lo que sí me impacta es la evolución de la violencia, que cada día es más cruel, lo que se relaciona con el ingreso de las organizaciones extranjeras a Chile. En Arica, Los Gallegos enterraban a la gente viva. Y acá, en Tarapacá, al investigar las facciones del Tren de Aragua, vimos en sus estados de WhatsApp cómo controlan el territorio mediante el secuestro y la amputación. Me llamó mucho la atención cómo le cortaron un dedo a una persona simplemente por desviarse de los fines de la organización…
Es brutal. Si alguien intenta «independizarse» y hacer su propio negocio de droga o tráfico de migrantes, la respuesta es la violencia extrema. Ya no es el homicidio simple; ahora hay tortura, amputación de miembros, ejecuciones donde ponen a la víctima de rodillas, la amenazan constantemente y luego la matan. Y lo graban. Graban la ejecución para enviársela a la jerarquía mayor como prueba de cumplimiento y la difunden al resto para sembrar el terror. Tuvimos que aprender su lenguaje: la «luz alta» es el jefe que autoriza una acción letal o importante; la «luz baja» es un mando medio; y el «cachorro» es el eslabón más bajo, el mensajero o vigilante.
Sobre la sofisticación financiera de estos grupos, señala:
—A diferencia de Los Gallegos en Arica, organización de venezolanos que vivía en condiciones precarias en el Cerro Chuño y dormían prácticamente en el suelo, los líderes del Tren de Aragua en Tarapacá tenían un poder económico importante, de hecho, revisamos toda su lista patrimonial y se manejaban con criptomonedas… Larry Changa tenía una casa bien acomodada en Colombia.
Una de los avances impulsados por Steinert en estos casi dos años, es la incorporación de nuevos profesionales y la modernización del aparato tecnológico. “Ya no podemos quedarnos sólo con el autor directo del delito; tenemos que llegar, a través de una trazabilidad computacional, a cómo se financian estas organizaciones criminales; es la única forma de evitar que se sigan rearmando. Por eso, en los equipos de trabajo ahora tenemos analistas, ingenieros comerciales, contadores auditores, abogados e incluso, asistentes sociales para que vayan al sitio del suceso y atiendan a las víctimas, las que muchas veces no se sienten tales, algo que pasa mucho con el tráfico de personas y de migrantes. Hay que empoderarlas para que luego aporten a la investigación”.
“La frontera es muy compleja, grande, porosa y difícil”, afirma sobre los 410 kilómetros que separan a Chile de Bolivia y que fueron uno de los ejes centrales en las campañas de todos los candidatos presidenciales. “Hay volcanes, bofedales, salares como los de Huasco y de Cancosa. En sectores como Pampa Parajalla, los autos robados pasan a Bolivia en cinco minutos y los perdemos porque no tenemos competencia para cruzar. La gente atraviesa por los humedales enfrentando el frío extremo; hemos tenido fallecidos por hipotermia e infartos por la altura. Ahora están usando un paso nuevo por Camiña”.
—¿Se puede copar la frontera con militares, como se ha planteado?
—Es imposible tener un militar o un carabinero por cada metro. Ellos también hacen una labor de inteligencia para perfilar lugares, pero el crimen organizado siempre busca nuevas rutas. Cerrar la frontera es geográficamente imposible y legislativamente complejo: si los inmigrantes ilegales ya están en suelo nacional, ¿cómo los devuelves si Bolivia no los acepta?
—¿Qué se necesita para una solución real?
–Necesitamos que el Estado esté mucho más en el territorio. Por eso, inauguramos la fiscalía de Colchane, que no tiene fiscal, sólo un abogado y un técnico jurídico que duermen de lunes a domingo y se va rotando con otro grupo. Pero tengo un fiscal concurrente no más.
Y sobre la presencia militar, señala:
—Miliares, carabineros y la PDI lo han hecho muy bien. Pero se necesitan más efectivos… Porque mientras resguardan un lugar determinado, las organizaciones criminales encuentran nuevas rutas. Claro que me gustaría que estuviera completa la cobertura, pero cada día cuesta más que las personas ingresen al Ejército, a Investigaciones o Carabineros, por lo que las dotaciones no han aumentado. Es complicado.
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Este año, Trinidad Steinert adquirió especial protagonismo por una serie de casos de narcotráfico en las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden.
En mayo, dirigió una investigación contra 13 funcionarios activos de carabineros (más uno en retiro), por cobrar coimas en los controles vehiculares —generalmente a ciudadanos bolivianos—, a cambio de no realizar controles fronterizos.
En junio, fue el caso de tráfico de 161 kilos de cocaína y 30 kilos de pasta base entre la Región de Tarapacá y la Metropolitana que se transportaban en una caravana de vehículos del Ejército. En total, se descubrió que la banda realizó 17 operaciones.
“Hoy hay 8 ex suboficiales formalizados, más una civil (esposa de una de ellos), todos en prisión preventiva. El último de ellos, el líder, que tenía los lazos de coordinación para adquirir la droga y que estaba en proceso de retiro, se entregó en la frontera boliviana el 1 de diciembre, después de meses con órden de detención pendiente”.
En julio de este año se conoció el caso “narco-FACh”, donde 5 funcionarios fueron despedidos de la institución y puestos en prisión preventiva luego de que intentaran trasladar 4 kilos de ketamina desde la base aérea Los Cóndores, en Iquique, hasta Santiago, a través de un avión de la institución. Hace una semana, nuevas diligencias permitieron identificar a dos civiles presuntamente encargados de coordinar la compra de la droga en Arica, la que transportaban directamente a Iquique para que los ex funcionarios de la FACh la trasladaran en aviones de la instutución. Las pesquisas de la PDI continúan.
—El fiscal de la FACh, Carlos Yáñez, declinó remitir los antecedentes, argumentando que el caso era de su competencia. Fue un «gallito» tenso.
—Fue complejo. La Fiscalía de Aviación sorprendió en flagrancia a funcionarios traficando ketamina en una maleta con candado dentro de la base. Ellos creían que eran competentes para investigar, pero yo, como Ministerio Público, entendí que al ser un delito común de la Ley 20.000, la competencia era nuestra. Se generó un conflicto. Lo que me molestó fue que públicamente dijeron haber traspasado todos los antecedentes y solo mandaron cinco páginas. Se perdieron días valiosos… Hoy todos están detenidos, pero faltan algunas líneas investigativas para determinar el origen de la droga. Sospechamos que viene de Bolivia o Perú y que, por ser ketamina, podría estar vinculada al Tren de Aragua, pero aún no lo hemos acreditado.
En la primera semana de noviembre, 12 gendarmes fueron detenidos por tráfico de drogas en el centro penitenciario de Alto Hospicio y la Cárcel de Mujeres de Iquique. “Todos los gendarmes tenían como fin el lucro. El cruce de información patrimonial hecho por nuestros analistas detectó que un gendarme recibió 56 millones de pesos en un solo depósito y otros percibían el doble de su sueldo mensual. La banda operaba desde 2023.
—Si las instituciones uniformadas están siendo interceptadas por el narcotráfico, también se corre el mismo riesgo con las dotaciones que vigilan la frontera las Ejército, como ha ocurrido en otros países de la región. ¿Cómo se podría enfrentar?
—Es fácil ser seducido en zonas alejadas donde estos delitos dejan tanto dinero. No hablo sólo del Ejército; esto aplica también para Aduanas, PDI y Carabineros. Necesitamos un recambio constante y fuerte. Y lo otro son los controles de inteligencia internos: las instituciones deben revisar a quiénes forman, sus antecedentes y vínculos. El riesgo no es solo el tráfico, sino la información estratégica de seguridad nacional a la que ellos acceden. Todos pensábamos que el Tren de Aragua no llegaría a Chile, o que nuestro Ejército jamás se vería involucrado en tráfico de drogas y nos hemos sorprendido. La institucionalidad está herida y se nota el dolor en los funcionarios honestos.